POLÍTICA
Se cierra un ciclo
Una reconsideración sincera de la resolución del Congreso de 17 de mayo de 2005 ayudaría a hacer compatible lo que hoy parece incompatible
01.07.07 -
PRESIDENTE. José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer recibió el premio Mujeres Progresistas 2007. / EFE
No es preciso estar dotado de la clarividencia de un profeta para anunciar que pasado mañana, martes, cuando se inicie en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación, la lucha antiterrorista o, más en particular, la cuestión del proceder del presidente del Gobierno a lo largo del frustrado proceso de paz ocupará la parte más agria de la sesión parlamentaria. Podría discutirse si la inclusión de este asunto en la agenda resulta o no oportuna, pero lo que nadie pondrá en duda es que se ha hecho inevitable. No se entendería que se deje de lado lo que ha constituido el objeto casi exclusivo de la polémica política del último año. Llegados al punto a que se ha llegado, tanto el presidente del Gobierno como el líder del principal partido de la oposición no tienen más remedio que explicarse. Y, si los dos se mantuvieran a la altura en que su respectiva responsabilidad los ha situado, el debate podría resultar incluso provechoso.
Si se admitiera, como creo que debe admitirse, que nada de irreversiblemente perverso ha ocurrido a lo largo del proceso, sino que la experiencia puede servir, por el contrario, para evitar posibles errores en el futuro, el debate podría centrarse en lo que todos deberíamos haber aprendido sobre lo que fue el punto de partida -conceptual, si no cronológico- de todo el asunto. Me refiero a aquella resolución que el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría, con la oposición del Partido Popular, el 17 de mayo de 2005, cuando los contactos mantenidos por los representantes gubernamentales con el entorno de la banda terrorista parecían dar pie a pensar en una disposición de ésta a abandonar, de manera definitiva, la violencia. La resolución pivotaba sobre dos goznes: la verificación de la voluntad de desistimiento por parte de ETA y la evitación de toda cuestión política en el diálogo que con ella pudiera entablarse. El hecho de que el Partido Popular no estuviera de acuerdo con este planteamiento no disminuía en nada la legitimidad que el Gobierno tenía para ponerlo en práctica. Ni, a su vez, el hecho de que el proceso emprendido sobre aquellas bases se viera frustrado legitima, a posteriori, la oposición del Partido Popular. Pudo, en efecto, ser el planteamiento correcto e incorrectas sólo las interpretaciones que de él se hicieron. Sobre éstas, y no tanto sobre aquél, habría que comenzar, por tanto, a debatir.
Sobre el primero de los goznes de la resolución -la verificación de la voluntad de desistimiento- se cometieron, sin duda, interpretaciones abusivas. A la verificación rigurosa de los hechos se impuso la voluntad de obtener resultados. Se ignoraron datos objetivos de la realidad que ponían en duda la posibilidad de alcanzar el objetivo propuesto. Pero, más allá de estos errores, una lección deberá sacarse en claro de lo ocurrido. La formuló, con mayor expresividad que nadie, el líder de Aralar, Patxi Zabaleta, cuando dijo que, con el atentado de Barajas, «no se había liquidado una tregua, sino el mismo concepto de tregua». En consecuencia, y de ahora en adelante, el desistimiento de ETA deberá ser constatable de manera más fehaciente que mediante un nuevo comunicado de alto el fuego. Quienes sigan creyendo en la salida dialogada, que no tiene por qué haber quedado del todo cegada por lo acontecido, deberán, por tanto, afrontar la responsabilidad de explicar las nuevas condiciones que garanticen esa constatabilidad del desistimiento de ETA.
En cuanto al segundo de los goznes de la resolución -la evitación de toda cuestión política en el eventual diálogo con la banda-, las últimas declaraciones del presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, han puesto el dedo en la llaga del gran error cometido. Según él, ETA se hizo presente, por persona interpuesta, en esa segunda mesa en que se abordaban cuestiones políticas. El error consistió en no haberlo previsto. Por ello, si con el atentado de Barajas se liquidó la idea misma de tregua, con lo ocurrido en la mesa política se liquidó la idea misma de dos mesas de negociación. El tan alabado planteamiento que Batasuna hizo el 14 de noviembre de 2004 en Anoeta, y que tanto ha tenido que ver con el modo en que se ha llevado a la práctica este proceso, no era sino un engaño más para asegurar la intervención del terrorismo en la política. Otra lección a aprender.
Podría entonces preguntarse qué queda, si todo esto es verdad, de aquella famosa resolución del Congreso. Probablemente sólo lo que desde su origen contuvo cuando se redactó para el Acuerdo de Ajuria-Enea. Que sólo el convencimiento de su derrota llevará a ETA a un desistimiento que permita hablar de cómo reparar algunas de las nefastas consecuencias de su inútil actividad criminal. No es poco. Podría ayudar, por el contrario, a hacer un día compatible lo que hoy parece incompatible.
Si se admitiera, como creo que debe admitirse, que nada de irreversiblemente perverso ha ocurrido a lo largo del proceso, sino que la experiencia puede servir, por el contrario, para evitar posibles errores en el futuro, el debate podría centrarse en lo que todos deberíamos haber aprendido sobre lo que fue el punto de partida -conceptual, si no cronológico- de todo el asunto. Me refiero a aquella resolución que el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría, con la oposición del Partido Popular, el 17 de mayo de 2005, cuando los contactos mantenidos por los representantes gubernamentales con el entorno de la banda terrorista parecían dar pie a pensar en una disposición de ésta a abandonar, de manera definitiva, la violencia. La resolución pivotaba sobre dos goznes: la verificación de la voluntad de desistimiento por parte de ETA y la evitación de toda cuestión política en el diálogo que con ella pudiera entablarse. El hecho de que el Partido Popular no estuviera de acuerdo con este planteamiento no disminuía en nada la legitimidad que el Gobierno tenía para ponerlo en práctica. Ni, a su vez, el hecho de que el proceso emprendido sobre aquellas bases se viera frustrado legitima, a posteriori, la oposición del Partido Popular. Pudo, en efecto, ser el planteamiento correcto e incorrectas sólo las interpretaciones que de él se hicieron. Sobre éstas, y no tanto sobre aquél, habría que comenzar, por tanto, a debatir.
Sobre el primero de los goznes de la resolución -la verificación de la voluntad de desistimiento- se cometieron, sin duda, interpretaciones abusivas. A la verificación rigurosa de los hechos se impuso la voluntad de obtener resultados. Se ignoraron datos objetivos de la realidad que ponían en duda la posibilidad de alcanzar el objetivo propuesto. Pero, más allá de estos errores, una lección deberá sacarse en claro de lo ocurrido. La formuló, con mayor expresividad que nadie, el líder de Aralar, Patxi Zabaleta, cuando dijo que, con el atentado de Barajas, «no se había liquidado una tregua, sino el mismo concepto de tregua». En consecuencia, y de ahora en adelante, el desistimiento de ETA deberá ser constatable de manera más fehaciente que mediante un nuevo comunicado de alto el fuego. Quienes sigan creyendo en la salida dialogada, que no tiene por qué haber quedado del todo cegada por lo acontecido, deberán, por tanto, afrontar la responsabilidad de explicar las nuevas condiciones que garanticen esa constatabilidad del desistimiento de ETA.
En cuanto al segundo de los goznes de la resolución -la evitación de toda cuestión política en el eventual diálogo con la banda-, las últimas declaraciones del presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, han puesto el dedo en la llaga del gran error cometido. Según él, ETA se hizo presente, por persona interpuesta, en esa segunda mesa en que se abordaban cuestiones políticas. El error consistió en no haberlo previsto. Por ello, si con el atentado de Barajas se liquidó la idea misma de tregua, con lo ocurrido en la mesa política se liquidó la idea misma de dos mesas de negociación. El tan alabado planteamiento que Batasuna hizo el 14 de noviembre de 2004 en Anoeta, y que tanto ha tenido que ver con el modo en que se ha llevado a la práctica este proceso, no era sino un engaño más para asegurar la intervención del terrorismo en la política. Otra lección a aprender.
Podría entonces preguntarse qué queda, si todo esto es verdad, de aquella famosa resolución del Congreso. Probablemente sólo lo que desde su origen contuvo cuando se redactó para el Acuerdo de Ajuria-Enea. Que sólo el convencimiento de su derrota llevará a ETA a un desistimiento que permita hablar de cómo reparar algunas de las nefastas consecuencias de su inútil actividad criminal. No es poco. Podría ayudar, por el contrario, a hacer un día compatible lo que hoy parece incompatible.
