ECONOMÍA
El Gobierno regulará los contratos de las empleadas de hogar con una norma específica
La reforma será paralela a la de su integración en el régimen general de la Seguridad Social y su entrada en vigor está prevista para 2008
Una empleada doméstica, durante su jornada de trabajo. /EL CORREO
Si todo marcha según lo previsto, a partir del próximo año las cerca de 800.000 personas que trabajan en España en tareas del hogar -un colectivo compuesto en su inmensa mayoría por mujeres- verán mejorar radicalmente sus derechos laborales, muy limitados hasta la fecha si se los compara con los de otros colectivos de asalariados. La vía para hacerlo será doble, según fuentes sindicales: la regulación a través de una norma específica de su contratación laboral y la integración de su régimen especial en el general de la Seguridad Social, un proceso que podría durar ocho años.
Derecho al paro, contrato por escrito, mayores indemnizaciones en caso de despido, cotizaciones a la Seguridad Social más justas y posibilidad de jubilación anticipada son algunos de los capítulos que el Gobierno se propone abordar para estas trabajadoras. Dos terceras partes de ellas se mantienen en la economía sumergida, según reflejan las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El Ejecutivo aborda así, dentro del diálogo social, la mejora de derechos de un importante colectivo -no sólo por su número, sino también por sus funciones insustituibles- después de haber encarrilado, con el estatuto del trabajador autónomo, la situación jurídica de otro de los regímenes históricamente marginado.
La confluencia del régimen especial de trabajadores de hogar con el general fue pactada por el Gobierno y los agentes sociales en la reforma de la Seguridad Social, que actualmente se tramita en el Congreso. Ambas partes negocian ahora el contenido del decreto que regulará esos cambios y otro sobre contratación que, debido a las características de esta ocupación, tendrá una norma particular.
Los cambios
Aunque aún están pendientes de acuerdo los plazos y los detalles de la reforma, el Ejecutivo ya ha dejado patente en varias ocasiones por dónde quiere que discurran los cambios en el sistema. El primero de todos será probablemente el incremento de la cotización a la Seguridad Social, ya que el pago actual -146 euros al mes- será considerado mínimo y crecerá en función de la retribución. Como todo los años, esta cifra es actualizada y es previsible que a principios de enero se incremente en cinco euros al mes.
Los contratos de trabajo de esta actividad deberán realizarse por escrito -hasta ahora son verbales-, lo que reforzará las garantías jurídicas de estas asalariadas, en opinión de Liz Quintana, asesora de la Asociación Vasca de Empleadas de Hogar.
Además, deberán disfrutar, en buena lógica, del seguro de paro, y la indemnización por despido pasará a ser de 20 días por año trabajado frente a los 7 actuales.
La posibilidad de jubilarse anticipadamente, hasta ahora no reconocida a este colectivo, y la mejora de las condiciones en las que perciben la baja por enfermedad -en este momento, a partir del vigésimo noveno día- deberían también homologarse con las del régimen general, señala Quintana.
Horas extraordinarias
La jornada laboral máxima será, como la del resto de asalariados, de 40 horas semanales. Las que rebasen esta cifra deberán pagarse como extraordinarias y cotizar a la Seguridad Social. Además, mejorará la forma de disfrutar las vacaciones, que deberán conocerse con dos meses de antelación y podrán tomarse seguidas.
Otra novedad importante será la posibilidad de que las empleadas de hogar puedan ser contratadas por las empresas, además de por los particulares. La medida abre la puerta a la legalización de una serie de compañías que se dedican desde hace muchos años a este mercado en condiciones de semilegalidad. El Gobierno ha anunciado que potenciará la creación de cooperativas para dar cobertura al trabajo por horas que demandan las familias, ya que de esta forma se garantizaría la prestación del servicio en caso de enfermedad de las trabajadoras.
Liz Quintana alerta sobre la necesidad de otros cambios y riesgos. Así, indica que debería regularse la situación de las interinas, que suelen estar disponibles las 24 horas del día y a las que se puede descontar el 45% de su salario -el mínimo interprofesional, 570,6 euros al mes- por alojamiento y manutención. También subraya que un excesivo aumento de las cuotas podría elevar los casos de economía sumergida y recomienda fórmulas burocráticas que no sean costosas, ni en dinero ni en trámites, para el empleador.
Caída de la afiliación
La afiliación a la Seguridad Social de las empleadas de hogar está cayendo en picado durante el último año como consecuencia de una mejora del empleo -que conlleva cambio de régimen- experimentado por trabajadoras extranjeras que accedieron al permiso de residencia y laboral por esta vía con motivo de la regularización de 2005. En la actualidad, las cotizantes suman 277.000, de las que 161.000 proceden de otros países. Hace un año, en mayo del pasado ejercicio, esas cifras eran de 350.000 y 238.000 respectivamente.
La Encuesta de Población Activa, en cambio, estimaba que en el primer trimestre había en España 764.000 trabajadores en actividades de los hogares, la cifra más alta conocida hasta ahora, junto con la de finales de 2006.
Derecho al paro, contrato por escrito, mayores indemnizaciones en caso de despido, cotizaciones a la Seguridad Social más justas y posibilidad de jubilación anticipada son algunos de los capítulos que el Gobierno se propone abordar para estas trabajadoras. Dos terceras partes de ellas se mantienen en la economía sumergida, según reflejan las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El Ejecutivo aborda así, dentro del diálogo social, la mejora de derechos de un importante colectivo -no sólo por su número, sino también por sus funciones insustituibles- después de haber encarrilado, con el estatuto del trabajador autónomo, la situación jurídica de otro de los regímenes históricamente marginado.
La confluencia del régimen especial de trabajadores de hogar con el general fue pactada por el Gobierno y los agentes sociales en la reforma de la Seguridad Social, que actualmente se tramita en el Congreso. Ambas partes negocian ahora el contenido del decreto que regulará esos cambios y otro sobre contratación que, debido a las características de esta ocupación, tendrá una norma particular.
Los cambios
Aunque aún están pendientes de acuerdo los plazos y los detalles de la reforma, el Ejecutivo ya ha dejado patente en varias ocasiones por dónde quiere que discurran los cambios en el sistema. El primero de todos será probablemente el incremento de la cotización a la Seguridad Social, ya que el pago actual -146 euros al mes- será considerado mínimo y crecerá en función de la retribución. Como todo los años, esta cifra es actualizada y es previsible que a principios de enero se incremente en cinco euros al mes.
Los contratos de trabajo de esta actividad deberán realizarse por escrito -hasta ahora son verbales-, lo que reforzará las garantías jurídicas de estas asalariadas, en opinión de Liz Quintana, asesora de la Asociación Vasca de Empleadas de Hogar.
Además, deberán disfrutar, en buena lógica, del seguro de paro, y la indemnización por despido pasará a ser de 20 días por año trabajado frente a los 7 actuales.
La posibilidad de jubilarse anticipadamente, hasta ahora no reconocida a este colectivo, y la mejora de las condiciones en las que perciben la baja por enfermedad -en este momento, a partir del vigésimo noveno día- deberían también homologarse con las del régimen general, señala Quintana.
Horas extraordinarias
La jornada laboral máxima será, como la del resto de asalariados, de 40 horas semanales. Las que rebasen esta cifra deberán pagarse como extraordinarias y cotizar a la Seguridad Social. Además, mejorará la forma de disfrutar las vacaciones, que deberán conocerse con dos meses de antelación y podrán tomarse seguidas.
Otra novedad importante será la posibilidad de que las empleadas de hogar puedan ser contratadas por las empresas, además de por los particulares. La medida abre la puerta a la legalización de una serie de compañías que se dedican desde hace muchos años a este mercado en condiciones de semilegalidad. El Gobierno ha anunciado que potenciará la creación de cooperativas para dar cobertura al trabajo por horas que demandan las familias, ya que de esta forma se garantizaría la prestación del servicio en caso de enfermedad de las trabajadoras.
Liz Quintana alerta sobre la necesidad de otros cambios y riesgos. Así, indica que debería regularse la situación de las interinas, que suelen estar disponibles las 24 horas del día y a las que se puede descontar el 45% de su salario -el mínimo interprofesional, 570,6 euros al mes- por alojamiento y manutención. También subraya que un excesivo aumento de las cuotas podría elevar los casos de economía sumergida y recomienda fórmulas burocráticas que no sean costosas, ni en dinero ni en trámites, para el empleador.
Caída de la afiliación
La afiliación a la Seguridad Social de las empleadas de hogar está cayendo en picado durante el último año como consecuencia de una mejora del empleo -que conlleva cambio de régimen- experimentado por trabajadoras extranjeras que accedieron al permiso de residencia y laboral por esta vía con motivo de la regularización de 2005. En la actualidad, las cotizantes suman 277.000, de las que 161.000 proceden de otros países. Hace un año, en mayo del pasado ejercicio, esas cifras eran de 350.000 y 238.000 respectivamente.
La Encuesta de Población Activa, en cambio, estimaba que en el primer trimestre había en España 764.000 trabajadores en actividades de los hogares, la cifra más alta conocida hasta ahora, junto con la de finales de 2006.
