Los afectados por la presunta estafa filatélica han pedido hoy al Estado, entre otras soluciones, que adelante 5.500 millones de euros para poder vender los sellos de las empresas y conseguir pronto algo del dinero invertido, debido a la incertidumbre para recuperarlo en otras vías judiciales.
Al año de la intervención judicial de las dos sociedades filatélicas, los representantes de los clientes de ambas empresas creen que el proceso penal puede prolongarse una década, mientras que los juzgados mercantiles pueden tardar un lustro.
Sin embargo, hasta el momento, son los administradores concursales quienes han presentado ante los dos juzgados mercantiles de Madrid el dato sobre el agujero de las compañías (4.666 millones de euros) y la Audiencia Nacional avanza en la investigación (ya más de 70.000 folios de sumario) para determinar quienes, cuándo y cómo se desviaron los fondos de la compañía.
30 personas imputadas
Los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón han imputado a treinta personas y han bloqueado buena parte de los fondos que son de su propiedad, excepto los que necesitan para vivir, en busca de otras líneas de investigación en Holanda, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos e Irlanda.
En la Fiscalía Anticorrupción no son extrañas las conexiones de Fórum Filatélico, a través de empresarios buscados por la policía como Juan Carlos Llorca, en grandes operaciones antiblanqueo como la operación 'Ballena Blanca' o la operación 'Malaya', incluso con posibles pagos al asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.
Mientras tanto, los ex presidentes de Fórum y Afinsa Francisco Briones y Juan Antonio Cano Cuevas, respectivamente, rechazan los cargos de estafa, insolvencia punible, administración desleal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública y reclamarán patrimonialmente al Estado por más de 6.000 millones de euros.
