La Fiscalía y la Abogacía del Estado ultiman la impugnación de las candidaturas sospechosas de pretender suceder a la ilegalizada Batasuna, que presentarán previsiblemente el próximo día 3 ante la 'Sala del 61' del Tribunal Supremo, apurando así el plazo establecido por la Ley de Partidos.
Las demandas se dirigirán, por un lado, contra las agrupaciones electorales que se presenten bajo la denominación Abertzale Sozialistak -precedida del nombre de la localidad en la que quieran concurrir a los comicios- y, por el otro, contra candidaturas "concretas" del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Aunque el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que "no hay nada descartado", en referencia a la posibilidad de que se inste la ilegalización de ANV como partido, las fuentes consultadas lo consideran muy improbable.
En primer lugar, los estatutos de ANV -un partido fundado en 1930 y que figura en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior desde 1977- incluyen una referencia expresa al rechazo de la violencia y, además, no se han encontrado vinculaciones "relevantes" de los dirigentes de esta formación con ETA o con Batasuna.
Tampoco el informe que las Fuerzas de Seguridad del Estado elaboró sobre ANV para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -que ayer acordó no suspender las actividades de este partido al estimar que no existe el "más mínimo" indicio que le vincule con ETA-Batasuna- es concluyente.
Los obstáculos para instar la ilegalización de ANV no impedirán, sin embargo, la impugnación de candidaturas "concretas" de este partido, que no podrá sustentarse sólo en la presencia de un porcentaje "significativo" de personas vinculadas con Batasuna, según el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 13 de mayo de 2003.
Dirigentes de Batasuna
Menos problemas plantea la impugnación de las candidaturas de las agrupaciones que se presentan bajo la denominación Abertzale Sozialistak, muchas de ellas encabezadas por destacados dirigentes de Batasuna -que públicamente también han manifestado que son sus listas- y presos preventivos de ETA.
El pasado viernes, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, avanzó que "serán varios centenares" las listas electorales que se van a impugnar, pero dio por seguro que entre ellas estarán "la totalidad" de las presentadas por Abertzale Sozialistak.
La Abogacía del Estado, a quien el Gobierno autorizó ese mismo día a ejercer las acciones judiciales pertinentes para impugnar la proclamación de aquellas candidaturas de las que se sospeche que pretenden suceder a la ilegalizada Batasuna, calcula en casi 800 las listas "contaminadas".
De ellas, 225 corresponden a las agrupaciones presentadas bajo las siglas Abertzale Sozialistak: 187 en el País Vasco y 38 en Navarra. Otras 252 candidaturas, que también están siendo estudiadas por la Abogacía del Estado, pertenecen a las siglas ANV, que ha presentado 200 listas en el País Vasco y 52 en Navarra.
Unas 300 listas más, presentadas bajo siglas dispares, también están siendo examinadas por los Servicios Jurídicos del Estado.
