El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ha rebajado hoy sustancialmente su petición de penas para los 53 acusados en el macrojucicio que celebra este tribunal contra el supuesto entramado social, político y económico de la organización terrorista ETA. El fiscal pide ahora para los acusados en el sumario 18/98 penas de entre 4 a 19 años, cuando antes exigía penas de entre 10 a 51 años. El Ministerio público sólo aumenta su petición para para Isidro Murga (de 16 a 19 años), mientras que retira la acusación al miembro de la Fundación Joxemi Zumalabe José Ignacio Uruñuela, para el que solicitaba 12 años de cárcel.
En la sesión, en la que estuvo presente el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales y mantuvo la acusación para 52 de los 53 acusados. Se trata de los responsables de KAS y Ekin, considerados aparatos políticos de la banda terrorista, y del aparato internacional, Xaki, así como de la Fundación Joxemi Zumalabe, que promovió distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco.
Molina expondrá su informe el próximo 19 de febrero en las dependencias de la Audiencia Nacional ubicadas en la calle Génova, en Madrid, puesto que el día 15 comenzará en las instalaciones de este tribunal en la Casa de Campo el juicio por los atentados del 11-M. Los acusados del sumario 18/98 podrán ausentarse si lo desean del resto de las sesiones de la vista oral, que comenzó el 21 de noviembre de 2005 y lleva ya más de 17 meses.
El fiscal solicitó también al tribunal que declare responsables civiles por defraudar cerca de 1,6 millones de euros a los acusados José Luis Elkoro, Francisco Murga, Isidro Murga, Jesús María Zalakaín e Ignacio Zapiaín, que deberán responden solidariamente junto con Orain.
Xabier Alegría, el enlace de ETA
Durante la sesión, el fiscal Molina rebajó de 51 a 13 años de prisión su solicitud de prisión para Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las distintas organizaciones presentes en la causa. Se le imputa delitos de integración, continuado falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales e insolvencia punible. Inicialmente, se le acusaba de integración, cuatro delitos contra la Seguridad Social, cuatro contra la Hacienda Pública, de contabilidad y falsedad documental
También rebajó la pena de 48 a 19 años de cárcel al ex miembro de la Mesa Nacional de HB José Luis Elkoro y al ex consejero de Orain Francisco Murga, quienes se enfrentan ahora a la mayor pena por los delitos de colaboración, dos contra la seguridad social, uno de falseamiento y otro de insolvencia punible. Se les retira así el delito de integración y varios delitos contra la Hacienda Pública.
Al abogado Txema Matanzas, el fiscal le rebajó la pena de 15 a 9 años de cárcel por integración en organización terrorista. Modifica también de 19 a 13 años su petición de condena para el máximo responsable de KAS y ex parlamentario vasco, José Antonio Etxebarria.
El importante papel de KAS
El fiscal sostiene que ETA asumió públicamente en la llamada 'teoría del desdoblamiento' su representatividad a través del "Frente Militar", pero mantenía el control de las instituciones político, culturales y obreras que se integraron en la 'Koordinadora Abertzale Socialista' (KAS).
Según Molina, "KAS se encargó de reivindicar desde dentro del nuevo sistema político, bajo la genérica denominación de Movimiento de Liberación Nacional Vasco (M.L.N.V.), los mismos objetivos que ETA, constituyendo en la práctica un instrumento de ésta".
Explicó que la banda terrorista fijó los principios básicos de su objetivo en el programa conocido desde 1976 como 'Alternativa K.A.S.' posteriormente denominado 'Alternativa Democrática de Euskal Herria' para cuya difusión cobraron especial relevancia las estructuras de coordinación internacional de la organización como Xaki.
Garzón ilegalizó el 20 de noviembre de 1998 las actividades de KAS, lo que propició la creación de su sucesora, Ekin, cuya primera aparición se remonta al 23 de septiembre de 1999. Ekin asumió, según el fiscal, la aplicación de la estrategia "político-militar" de ETA mediante "métodos complementarios", como el control del colectivo de presos mediante Gestoras Pro Amnistía.
