La decisión sobre si se atenúa la prisión preventiva del etarra Iñaki de Juana Chaos, por motivos de salud derivados de la huelga de hambre que inició en noviembre, será tomada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sólo por los tres magistrados que le condenaron.
Según informaron fuentes jurídicas, el asunto ha sido abocado al pleno a petición del magistrado Alfonso Guevara, que ha obtenido el respaldo de la mayoría de sus compañeros, ante la trascendencia del caso que se va a examinar y la posibilidad de que siente precedente.
La reunión comenzará mañana a las 9:30 horas y a ella asistirán 17 de los 19 magistrados que componen la Sala de lo Penal, ya que el presidente de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, no intervendrá al ser uno de los seis amenazados por De Juana en los artículos que publicó en 'Gara' y que motivaron su condena a 12 años y medio de cárcel, ni tampoco lo hará el magistrado Eustasio de la Fuente por ser emérito.
Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que la deliberación sobre la situación de De Juana ha sido introducido en el orden del día del pleno ordinario que cada jueves celebra la Sala de lo Penal, con lo que no se trataría de una reunión de carácter extraordinario.
Petición de la Fiscalía
El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene la prisión atenuada para el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos en su domicilio, ante el grave riesgo que existe para su vida a consecuencia de la huelga de hambre que inició en noviembre, mientras que la AVT ha solicitado que no se le excarcele y que se le alimente a la fuerza.
En su escrito, el fiscal señala que con esta medida, prevista en el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que iría acompañada de vigilancia policial y asistencia sanitaria, se conjuga el deber de preservar la vida del recluso, "responsabilidad del Estado", con "el principio de seguridad de la medida de prisión preventiva" en la que se encuentra De Juana, cuya condena aún no es firme, evitando así el riesgo de fuga.
La prisión provisional atenuada se ha aplicado en otras ocasiones para enfermos de sida terminales y, en el caso de De Juana, se considera que debe ser adoptada ante el riesgo que supone para su vida el volver a ser alimentado forzosamente por tercera vez, según indica el fiscal en su informe a la Sala, que mañana adoptará una decisión al respecto.
Según explicó Fernando Burgos, aunque no lo hace constar en su informe, si De Juana se recupera en su casa, es decir, si desaparece el motivo del artículo 508 -decretar prisión provisional atenuada en los casos en que el internamiento que entrañe grave peligro para la salud-, el tribunal podría volver a decretar su ingreso en prisión. El fiscal señala que el procesado -que está hospitalizado- no ha sido dado de alta y "puede estimarse que su vida, por la causa de su ingreso hospitalario, no corre peligro inminente".
Alto riesgo
No obstante, afirma que "un nuevo ciclo de ayuno y realimentación", teniendo en cuenta su evolución, "supone un alto riesgo de producirse un proceso de deterioro progresivo (...), que a medio plazo pueden causar la muerte o graves secuelas". De hecho, Burgos no descarta que medidas como una nueva alimentación parenteral por sonda nasogástrica, que sería la tercera desde que el pasado agosto comenzara a ponerse en huelga de hambre en protesta por no haber sido excarcelado cuando supuestamente le correspondía, en agosto de 2005, "pueden condicionar muerte súbita".
También cree que "la continuación de la medida de prisión provisional incondicional y el consiguiente internamiento en un centro penitenciario entraña, a tenor de los informes médicos, un grave peligro para la salud del interno", por lo que el fiscal cree que cabe la adopción de "medidas cautelares menos gravosas (prisión atenuada o domiciliaria) y que igualmente garanticen su disposición a resultas del proceso hasta que recaiga sentencia" firme. "Si estas medidas -prosigue- son suficientes para excluir el riesgo de fuga, nada impide legalmente su adopción cuando además las concretas circunstancias concurrentes en el caso abonan su aplicación por el grave riesgo para la salud que se ha generado".
A todo ello añade que "el interno no está en fase de cumplimiento (condenado) por no ser firme la sentencia" de la Audiencia Nacional que, tras haber extinguido sus anteriores condenas, le volvió a condenar el pasado noviembre a doce años y medido de cárcel por amenazas terroristas en dos artículos suyos publicados en el diario 'Gara', resolución que está recurrida ante el Tribunal Supremo.
