La Fiscalía hizo hoy un giro en su informe y modificó al alza la petición de pena contra los miembros del 'comando Madrid' Aitor García Aliaga y Ana Belén Egues Gurruchaga, juzgados hoy en la Audiencia Nacional por la colocación de un coche bomba en la capital española que causó veinte heridos. Así, en vez de los 119 años de prisión para cada uno que pedía inicialmente, el fiscal decidió en último momento solicitar 136 años con la alternativa de 146 años de cárcel.
Durante su informe definitivo, Vicente González-Mota explicó que desde la Fiscalía se había decidido añadir a la petición inicial dos años de prisión por un delito de robo terrorista, y a los tres delitos de lesiones que pedía en su escrito de califición para cada uno, subir al máximo la petición de pena, cambiando de cinco a diez años de prisión por cada uno de los delitos. Junto con los otros delitos que mantiene, cinco de atentado con resultado de lesiones, otro de transporte de explosivos y doce faltas de lesiones, hace un total de 136 años.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público da una alternativa a esta petición, aumentando otros diez años más "para que la Sala no entienda que no hemos cubierto todas las posibilidades posibles". Así, en vez de cinco delitos de atentado con resultado de lesiones y otro tres de lesiones, da la opción de calificarlos como ocho delitos de atentado en grado de tentativa, con una petición de pena de quince años por cada delito, lo que hace un total de 146 años de prisión para cada uno de los procesados.
La explicación que da el fiscal para considerar el delito, alternativamente, de atentado en grado de tentativa es que "llamando o no a la Policía", colocando un coche con explosivos en un lugar con transeúntes hay muchas posibilidades de dañar a personas.
Trasladado en una grúa
A su juicio, es necesario una sentencia condenatoria porque "no cabe duda" que un vehículo fue robado para luego introducirle explosivos y dejarlo frente al edificio de Telefónica Móviles de la capital española. También considera que está acreditado que ese coche, que no explotó a la hora prevista sino doce horas más tarde, fue trasladado por una grúa, al estar aparcado en un 'vado', al depósito en el parking de la Plaza de Colón, donde posteriormente explotó.
El fiscal considera que las declaraciones en sede policial tras la detención de ambos -gracias a la colaboración de un ciudadano anónimo tras la comisión de otro atentado, en noviembre de 2001-, en las que reconocen su participación en los hechos, están corroboradas con hechos externos, como que poco después fueron detenidos tras cometer un atentado, también en nombre de ETA. Otro de los datos es que para la explosión del coche utilizaron explosivos anteriormente empleados por la banda terrorista, o que tras su detención fueron reconocidos fotográficamente.
Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogado, Juan Carlos Rodríguez Segura, recordó que este atentado "fue el resultado de la tregua trampa que ETA decretó unilateralmente en 1998". "A partir de ese momento, ETA preparó nuevos taldes, apuntaron nuevos objetivos y obtuvieron información, y el resultado fue este atentado", recalcó. Por su parte, el abogado de los dos procesados solicitó la libre absolucion por entender que no hay prueba de cargo en su contra.
En el primer juicio tras el atentado de Barajas, Egues y Aliaga se negaron a responder a las preguntas y declinaron hacer ningún tipo de declaración. Durante las dos horas y media aproximadamente que duró el juicio, los dos procesados no prestaron atención a la casi veintena de testigos que declararon, y se limitaron a hablar entre ellos.
El 28 de octubre de 2005, Aitor García Aliaga y Ana Belén Egues ya fueron condenados por la Audiencia Nacional a un total de 1.042 años de cárcel a cada uno. Ambos fueron detenidos gracias a la colaboración de un ciudadano tras cometer un atentado, el 7 de noviembre de 2001, contra el que era secretario general de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Junquera.
