El incidente tuvo lugar a las dos menos veinte de la tarde cuando dotaciones de la Ertzaintza protegían a la comitiva judicial. Varios simpatizantes de la izquierda abertzale se concentraron junto a la herriko taberna de Zumarraga registrada y, cuando los agentes intentaban introducir al detenido en una furgoneta, obstaculizaron esta labor, por lo que, según Interior, los agentes tuvieron que realizar una "pequeña carga" utilizando sus porras para trasladar al arrestado.
Los agentes han acompañado a lo largo de la mañana a un secretario judicial del Supremo que se ha sido el encargado de realizar el inventario, dentro del sumario abierto tras la ilegalización de Batasuna. Fuentes de Interior no han confirmado cuántos locales han sido registrados y se han limitado a asegurar que han sido "varios" y a no descartar más a lo largo del día.
El primero de los realizados hoy ha sido efectuado por un funcionario judicial, sin presencia de policía uniformada. Según fuentes del bar, el funcionario ha entrado en el mismo pasadas las diez y media de la mañana, y tras comprobar en la documentación que ya no tiene relación con la antigua sede de Batasuna, se ha ido pasadas las once de la mañana.
Compromisos
Por su parte, responsables de varias herriko tabernas de Euskadi han exigido hoy a los partidos políticos que asuman compromisos para responder a la operación policial de inventariado de los locales, bienes y dinero de estas sedes sociales de la izquierda abertzale, y para impedir que vuelvan a producirse. La responsable de la taberna 'Herria' de San Sebastián, Elena Guinea, quien ha ofrecido una rueda de prensa en Usurbil arropada por representantes de una docena de herrikos, considera "muy grave" esta operación ordenada por la Sala Especial del Tribunal Supremo (TS).
A su juicio, la operación no representa un ataque contra la izquierda abertzale, sino que es una "agresión" contra el conjunto del pueblo vasco, contra la "libertad política y de expresión" y contra la "construcción nacional" del País Vasco. Guinea ha exigido a partidos y agentes sociales que digan qué están dispuestos a hacer para responder a estos inventarios de las herriko tabernas y para evitar que vuelvan a repetirse en el futuro, al tiempo que advirtió de que estas operaciones "no conseguirán su objetivo" ya que las sedes sociales seguirán "integradas en los pueblos".
Los responsables de las herriko tabernas, que no convocaron ninguna movilización pero llamaron a participar en las que se organicen para protestar por esta operación, han instado a la sociedad vasca a que responda "como pueblo" a esta supuesta agresión. Ayer comenzó la entrada de la Guardia Civil en las herriko tabernas de Navarra y Euskadi, que hoy continúa la Ertzaintza, para inventariar los locales, bienes y dinero que pudieran garantizar una eventual liquidación patrimonial de estas sedes, que se vinculan a las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
"Cortina de humo"
Por otra parte, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, lamentó hoy que "órganos" de la Justicia mantengan "actuaciones del pasado" y, tras advertir de que "éste no es el camino", expresó sus dudas sobre si se trata de "una cortina de humo para obscurecer" el debate de Estrasburgo, así como sobre "qué tipo de garantía legal" puede ofrecer José Luis Rodríguez Zapatero.
Azkarate indicó que la intervención de la Guardia Civil en estas sedes se llevó a cabo "cumpliendo la orden que le había venido", por lo que señaló que "lo que habría que valorar es la decisión del Tribunal Supremo, que fue quien dictó la orden correspondiente". En este sentido, lamentó que "todavía hay órganos que siguen actuando como si aquí no hubiesen cambiado las cosas, como si no estuviésemos viviendo otros tiempos, que siguen aferrados a decisiones y actuaciones del pasado". "La única valoración que cabe hacer es que éste no es el camino", insistió.
