El juicio por la denominada 'Operación Pipol', que permitió desarticular una red de tráfico de drogas y de explosivos en Asturias, se ha abierto hoy con la exigencia de la defensa de Emilio Suárez Trashorras, acusado de suministrar la dinamita utilizada en los atentados del 11-M, de "no mezclar" ambos procesos.
El letrado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, ha incidido en que en la vista que hoy ha comenzado en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias se juzgan hechos ocurridos en Gijón y Avilés en 2001, y que no aceptará que "nadie" los mezcle con unos atentados terroristas cometidos en Madrid tres años después.
Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, que se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes y explosivos, han accedido al Palacio de Justicia de Gijón con el rostro descubierto y esposados, en medio de una gran expectación de los numeros periodistas acreditados para el juicio.
La Operación Pipol se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.
Nuevas pruebas
En esta primera sesión, el presidente de la sala, Bernardo Donapetry, ha rechazado incluir en el sumario cuatro nuevas pruebas solicitadas por el fiscal antidroga, José Perals, por entender que eran "muy anteriores" a su calificación provisional y que, por lo tanto, no era "el momento procesal oportuno".
Entre otras pruebas, Perals ha pedido incluir en la apertura del juicio oral un informe pericial del laboratorio químico-toxicológico de la Comisaría General de Policía sobre una muestra de los cartuchos ocupados en un garaje de Avilés, tres fotografías de ese material y la declaración de dos peritos y de dos agentes del TEDAX que hicieron las fotos y recogieron la muestras analizadas.
El fiscal ha asegurado que la Jefatura Superior de Policía de Asturias le remitió el informe el pasado sábado, fecha en la que conoció un auto de la Audiencia Nacional relativo al sumario de 11-M, cuya inclusión también propuso por ser necesaria "para corroborar las declaraciones de testigos como Jesús Campillo, Lavandero y Zouhier".
Posteriormente, y hasta la conclusión de la primera jornada de una vista que constará de veinte sesiones a lo largo de seis semanas, se ha procedido a la toma de declaración a ocho de los veinte acusados de los que cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.
Conversaciones telefónicas
Los cuatro imputados han negado su vinculación con la red de tráfico de drogas y han asegurado que las menciones a "llantas" o "sidra" que se escuchan en las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación no tenían el carácter de palabras en clave para referirse a la venta de drogas que les atribuye la Policía.
El escrito del fiscal señala que Toro y Trashorras ofrecieron dinamita varias veces en verano de 2001 a Francisco Lavandera Villazón, un trabajador del club "Horóscopo" de Gijón y confidente de la Guardia Civil que alertó ese año a las fuerzas de seguridad de la existencia de una red de tráfico de explosivos en Asturias.
