Batasuna ha dado sobradas muestras de la fidelidad de su electorado y de que no necesita tiempo para dar a conocer a sus candidatos. Lo demostró con su respaldo al ignoto EHAK, las siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas, en las votaciones autonómicas de abril del año pasado y en las que cosechó unos excelentes resultados. El Gobierno es consciente de esta circunstancia y cree que el partido ilegalizado rebañará hasta el último día y aplazará hasta que sea inevitable el paso por el registro del Ministerio del Interior para ser legal y concurrir de cuerpo presente a las elecciones municipales.
El análisis gubernamental apunta a que los dirigentes de Batasuna están cómodos con su ilegalidad porque, a pesar de tener restringida su actividad pública por el auto dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska en enero último, están en el centro de la vida política vasca y el resto de formaciones políticas, incluido el Partido Socialista de Euskadi y exceptuando el PP, les otorgan un papel de interlocutor en pie de igualdad con los demás. La militancia y los seguidores, además, se sienten orgullosos de no haber tenido que doblar la rodilla y aceptar las exigencias de legalización lanzadas con machaconería desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero y del PSOE.
Con este cuadro de situación, el Ejecutivo se teme que no será hasta el primer trimestre del próximo año cuando la dirección de Batasuna opte por solicitar la legalización de un nuevo partido, con otro nombre y otros estatutos. La formación ilegalizada ya ha hecho saber al Gobierno por los cauces de comunicación que mantienen que sus abogados tienen listos diferentes borradores y fórmulas para volver a ser una fuerza legal y que sólo espera el momento político oportuno para cumplir las formalidades administrativas.
La ley electoral establece que entre la convocatoria de los comicios y la cita con las urnas deben transcurrir 56 días. Es decir, que el Gobierno tiene que convocar las elecciones del 27 de mayo a finales de marzo, para que a continuación se puedan presentar las candidaturas y sean validadas por las respectivas juntas electorales. La Moncloa juega con ese tope una vez que las previsiones de que Batasuna iba dar el paso de la legalización tras el verano o en noviembre se han desmoronado. La sospecha gubernamental es que no se moverá hasta pocas semanas antes de la convocatoria electoral.
Resortes
El Gobierno no tiene muchos resortes para acelerar el proceso. Uno de ellos, y quizá el más valioso, sea la presión con la mesa de partidos. Rodríguez Zapatero advirtió el pasado jueves, y antes lo hicieron el PSOE y el PSE en reiteradas ocasiones, que en ese foro sólo podrán sentarse fuerzas legales. Batasuna ha admitido que tiene "prisa" para que se constituya la mesa "de diálogo resolutivo", pero uno de los interlocutores en ese ámbito son los socialistas, quienes han subordinado su presencia a que la formación ilegalizada deje de serlo.
El presidente del Gobierno intentó añadir presión con sus palabras del pasado jueves, un mensaje que ya había sido transmitido por otras vías a Batasuna, pero Rodríguez Zapatero creyó que al hacerlo público estrecharía el cerco sobre los dirigentes de la formación. El jefe del Ejecutivo quiso tranquilizar a los encausados de la formación con el argumento de que "la continuidad" de los líderes una vez que el partido esté legalizado no motivaría nuevas acciones penales. Un temor que Batasuna transmitió hace meses a los socialistas, y que fue uno de los motivos para posponer este verano la solicitud de legalización.
El empeño gubernamental en exigir la legalización no responde sólo al prurito del respeto a la ley, tiene también lecturas prácticas. Con una Batasuna legal, según la visión del Ejecutivo, la 'kale borroka' debería desaparecer, y de no ser así el nuevo partido tendría que condenarla para dejar claro su desmarque de la violencia. No hacerla abocaría a la formación a una nueva ilegalización, según reza en la ley de partidos.
La opinión en el Gobierno sobre la inevitabilidad de que Batasuna plantee su legalización para presentarse a las elecciones municipales no es, sin embargo, unánime. Hay miembros en el Ejecutivo que estiman probable que opte por presentar en los comicios de mayo agrupaciones de electores, al estilo de las plataformas Aukera Guztiak o Herritarren Zerrenda con las que Batasuna pretendió, sin éxito, concurrir a los comicios autonómicos de 2005 y a los europeos de 2004.
Otra alternativa que manejan los escépticos es que la formación ilegal vuelva a echar mano de las siglas del Partido Comunista de las Tierras Vascas que, gracias al casi silencioso pero decidido apoyo de Batasuna, logró 150.000 votos y nueve diputados en el Parlamento de Vitoria.
