Francia investiga a Apple por programar la obsolescencia de sus iPhone antiguos

Francia investiga a Apple por programar la obsolescencia de sus iPhone antiguos

Una asociación de apoyo a los consumidores ha reunido más de 2.600 testimonios de clientes que aseguran que sus móviles podrían haber durado más tiempo

FERNANDO ITURRIBARRÍA

La Justicia francesa ha dado otro mordisco a la manzana. La Fiscalía de París acaba de abrir una investigación a Apple por presunto engaño y obsolescencia programada de sus modelos antiguos de iPhone. Francia es el primer país que ha penalizado por ley el acortamiento intencionado por los fabricantes de la duración de vida de sus productos. Otra causa paralela afecta al caso de las impresoras de Epson.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes, dependiente del Ministerio de Economía, tiene en el punto de mira a Apple. La Fiscalía le ha encomendado investigar la denuncia que la semana pasada presentó la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP, en las siglas en francés). Este colectivo de defensa de los consumidores acusa a la compañía estadounidense de haber reducido voluntariamente el rendimiento de sus móviles mediante las actualizaciones de los programas.

A finales de 2017 Apple reconoció haber ralentizado el funcionamiento de sus iPhone 6 y 6S, lanzados en 2014 y 2015, así como del 7, en el mercado desde 2016. La firma de la manzana alegó entonces que pretendía prolongar la duración de vida de terminales con la batería demasiado usada como para permitir un uso clásico y expuestos también al riesgo de apagados repentinos.

HOP sospecha que, en realidad, Apple organizó una estrategia global de aumento de ventas del iPhone destinada a empujar a los clientes a comprar un nuevo modelo para sustituir a los antiguos al degradar su funcionamiento cuando se preparaban las campañas de lanzamiento. Este comportamiento entraría en la definición legal de la obsolescencia programada como «el recurso a técnicas por las cuales el responsable de la salida al mercado de un producto trata de reducir deliberadamente la duración de vida para aumentar la tasa de reemplazo».

Este delito fue introducido en el código penal francés en julio de 2015 por la ley de transición energética, ya que no perjudica solo a los consumidores sino también al medio ambiente al aumentar significativamente la producción de residuos. Castigado con un máximo de dos años de prisión y 300.000 euros de multa, si los beneficios derivados de la infracción superan esa suma el culpable puede verse obligado a pagar hasta el 5% de su facturación anual.

La tinta de las impresoras

La principal dificultad estriba en aportar la prueba del delito. El móvil del menos móvil. Es decir, demostrar la intención del fabricante y que el producto podría haber durado más tiempo. HOP afirma que ya ha recogido más de 2.600 testimonios de clientes descontentos que va a transmitir a los investigadores.

La investigación a Apple se suma a la que abrió la semana pasada la Fiscalía de Nanterre contra la firma japonesa Epson por presunta obsolescencia programada de sus impresoras. En este caso, se sospecha que el fabricante desactiva los cartuchos de tinta de sus aparatos cuando todavía no están vacíos. Los constructores suelen alegar que imponen un margen de seguridad para evitar el riesgo de dañar las impresoras si funcionan sin tinta.

La esperanza de las asociaciones de consumidores reside en que, más allá de eventuales condenas, la mediatización de los pleitos y el perjuicio de imagen contribuyan a que los fabricantes modifiquen sus prácticas.

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