Tres de cada cuatro demandantes de un piso social en Euskadi ganan menos de 20.000 euros

El consejero Iñaki Arriola, durante su visita a la torre de Bolueta, con 171 pisos de VPO. /jordi alemany
El consejero Iñaki Arriola, durante su visita a la torre de Bolueta, con 171 pisos de VPO. / jordi alemany

Sus ingresos han bajado un 20% en la última década, según el servicio de vivienda Etxebide, que constata un repunte de inscritos sin opciones de acceder al mercado libre

JOSÉ DOMÍNGUEZ

La filosofía del piso protegido pasa por ofrecer un hogar a personas con recursos limitados para hacer frente a los precios que exige el mercado libre sin comprometer su economía familiar. La última lista de demandantes del Servicio Vasco de Vivienda revela, sin embargo, que la brecha entre ambas ofertas inmobiliarias no para de crecer y que cada vez son más los que se están quedando sin opciones de ningún tipo para acceder por sus propios medios a un inmueble privado. También que el nivel de precariedad de parte de la población se ha agudizado notablemente debido a la crisis: tres de cada cuatro inscritos en Etxebide ganan entre 3.000 y 20.000 euros al año y su nivel de ingresos se ha desplomado un 20% en estos últimos diez años.

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, desveló ayer estas cifras al hacer público el balance de Etxebide en el pleno de control del Parlamento vasco. Al cierre del pasado ejercicio, este programa contaba ya 62.517 personas apuntadas, un 14,7% más que un año antes, «aunque todavía muy lejos de los 92.000 registrados en 2009». Con todo, se trata de la mayor subida en 12 meses que ha experimentado esta lista de demandantes desde 2005.

Preguntado por el propio grupo del PSE sobre las causas de este «notable» incremento, el dirigente autonómico lo achacó a «dos movimientos producidos al calor del proceso de recuperación económica». En primer lugar, esta mejoría habría animado a algunos a «acceder a una vivienda cuando antes no lo hacía» y a otros que habían desistido «en los momentos más duros y ahora vuelven a apuntarse».

Derecho a un piso protegido

En segundo lugar, respecto a la avalancha de solicitudes en Etxebide, Arriola la explica por «las expectativas» que ha generado la entrada en vigor del derecho subjetivo a la vivienda. Esta garantía convertida en obligación legal -el Ejecutivo autonómico tiene que proporcionar un piso protegido en compra o en alquiler o ayudas para arrendarlo a las personas que no puedan conseguirlo con sus propios recursos- cuenta ya con 3.000 permisos autorizados y este año el departamento prevé aprobar otros 3.500.

En cualquier caso, el consejero remarcó que «detrás de los datos hay personas y expectativas de vida» que se están viendo truncadas y a las que desde las instituciones hay que intentar dar respuesta. Porque, insistió, estas cifras revelan un problema «que puede ir a más» y que constata que hay «mucha gente» que ya no puede optar a un pisos en el mercado libre, sea en renta o en propiedad. Sobre todo entre los jóvenes, para los que «la única opción de emancipación es ya una vivienda social en alquiler».

La juventud, de hecho, es uno de los colectivos sobre los que la consejería de Vivienda va a concentrar gran parte de sus esfuerzos, ya que los menores de 35 años suponen casi la mitad de las nuevas altas registradas por Etxebide el año pasado. Con este objetivo, entre otras medidas, se introducirán cupos específicos para ellos en las nuevas adjudicaciones y promociones de vivienda protegida.

El futuro, añadió Arriola, también pasará por la multiplicación de la oferta de alquiler público, ya que el 81,9% de los actuales demandantes se inclinan por esta opción frente a la de la compra. La tipología de los inscritos señala que el 68,% son solteros, aunque el consejero destacó «el aumento del porcentaje de divorciados y separados -14,3%-, que ya se acerca al de los casados -15,3%-».

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