¿Qué hacemos con los chavales delincuentes?

Centro de menores de Zumárraga, a donde ha sido enviado el menor de 13 años implicado en el homicidio de Ibon Urrengoetxea/Jose Usoz
Centro de menores de Zumárraga, a donde ha sido enviado el menor de 13 años implicado en el homicidio de Ibon Urrengoetxea / Jose Usoz

Juristas debaten sobre la imposibilidad de juzgar a los menores de 14 años y la falta de un castigo penal para los delitos más graves

Ainhoa De las Heras
AINHOA DE LAS HERAS

La instrucción de los delitos cometidos por menores en España recae en exclusiva en la Fiscalía, no en los jueces, como cuando se trata de adultos. Y es el modelo que se quiere extender en el futuro a todo el sistema penal: que quien investigue sea el fiscal y no el magistrado como hasta ahora. La Ley del Menor, que en el año 2000 elevó la edad penal a los 18 años y subió de 12 a 14 el límite de la edad para poder ser juzgado, prevé para estos infractores penas máximas de hasta diez años de internamiento en centros cerrados en los casos más graves. Así que cuando se identifica a un menor de 14 años como autor de un delito, las diligencias quedan inmediatamente archivadas porque así lo exige la Ley. De lo contrario, la Fiscalía incurriría en prevaricación.

El homicidio de Ibon Urrengoetxea la víspera de Nochebuena en Bilbao y la presunta implicación de dos menores de 13 y 16 años en su muerte ha abierto el debate sobre la responsabilidad penal de estos chavales. Ninguno de los expertos juristas consultados por EL CORREO se manifiesta a favor de rebajar la edad de 14 años para establecer medidas punitivas, ni tan quiera en casos de violaciones y homicidios. Entienden que «no es la solución» y apuestan por incidir en la prevención sobre los menores en situaciones de riesgo y en establecer medidas reeducativas.

«Los herederos de la víctima pueden reclamar una indemnización a los padres de los menores» Carmen Cotelo, Fiscal de menores de Vitoria

«Nos debe preocupar que ha fallado la prevención. Hay que incidir en los menores en riesgo» Juana Balmaseda, Abogada penalista

La fiscal de menores de Vitoria, Carmen Cotelo, hace una matización con el menor de 13 años: no se pueden establecer responsabilidades penales, pero sí caben las civiles. «Los herederos del fallecido pueden reclamar una indemnización contra los tutores de ese niño», si bien es cierto que cabe la posibilidad de que se declaren «insolventes». Cuando se enfrenta a uno de estos casos, mira «cómo está el niño y si está fatal se declara el desamparo y se da cuenta a los servicios sociales para que con carácter urgente se adopte una medida de protección. También se le puede abrir un expediente de riesgo porque es evidente que ese niño es un riesgo». En el caso de los mayores de 14 años, como el segundo de los implicados, que tiene 16, «si se adopta una medida cautelar de internamiento», como es el caso, «suele ser también la medida que se va a pedir en el juicio».

Máximo de 10 años

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, explica que existen «dos tramos diferenciados, de 14 a 15 años, y de 16 a 17. A estos últimos se les aplican las «medidas, que no penas, más graves». «Si se les imputan varios delitos, el castigo podría ascender como máximo a 10 años de internamiento en centro cerrado. A los más jóvenes, sólo se les podría encerrar hasta seis años si se les condena por varios delitos graves», aclara.

«La pena máxima para un menor cuando hay varios delitos graves es de diez años de internamiento» Aner Uriarte, Juez decano de Bilbao

Respecto a la calificación de los hechos, Uriarte y Cotelo creen que finalmente la muerte de 'Urren' será considerada un «homicidio imprudente o doloso -la frontera es muy delgada-, además de un robo con intimidación», aunque admiten que esto puede ser objeto de «disquisiciones» durante el proceso. La fiscal Cotelo pone como ejemplo a quien «empuja a otra persona junto a unas escaleras. Puede no haber un ánimo de matar, aunque tendría que haber previsto el riesgo».

En el caso de que el mayor de los presuntos autores del homicidio de la calle Navarra sea condenado a la pena máxima, «cuando cumpla los 18 años puede acordarse el traslado a una prisión de adultos, y si con 21 años sigue en el centro de menores, sí o sí pasaría a una cárcel». El juez decano considera que el «debate sobre si hay que rebajar la edad de la imputabilidad le corresponde a los políticos. Nosotros los jueces nos sometemos a la legalidad».

«Son niños que posiblemente tengan una trayectoria delictiva. Ojo, porque algo subyace ahí» Santiago Romero, Portavoz de la APM

La abogada penalista bilbaína, Juana Balmaseda, miembro del Consejo General de la Abogacía, piensa que «ha fallado el sistema de prevención y eso es lo que nos debe preocupar. Hay que incidir en los menores en situación de riesgo, detectarlos lo antes posible. Es evidente que estos chicos han traspasado los límites». La Ley entiende que «son dignos de protección y no de castigo». «Se nos rompen los esquemas pensando que un niño de 13 años no puede ser castigado de alguna manera, pero no acabo de ver que la solución sea un cambio de la Ley, sino un trabajo constante, de largo recorrido con sus familias».

Santiago Romero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y juez de lo Penal en San Sebastián, recuerda que el debate sobre la edad penal «viene de lejos» y cree que la respuesta tiene que ser «reeducacional, que asuman moralmente la gravedad del delito y que así no se puede vivir en sociedad». «Son niños y posiblemente vayan a tener una trayectoria delictiva. Y ojo, porque hay algo que subyace ahí», advierte.

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