Declaran como imputados dos ertzainas de Asuntos Internos por escuchas a una agente

Declaran como imputados dos ertzainas de Asuntos Internos por escuchas a una agente
Luis Calabor

Están investigados por un supuesto delito contra la intimidad de una policía que había denunciado a su superior por acoso

David S. Olabarri
DAVID S. OLABARRI

Dos agentes de la Unidad de Asuntos Internos declaran hoy en los juzgados de Getxo en calidad de investigados –la nueva terminología judicial para referirse a los imputados– por acceder a las conversaciones telefónicas de una ertzaina en 2011. Estas escuchas supuestamente irregulares, en las que la afectada mantenía conversaciones con un delegado sindical de ELA, se produjeron después de que esta mujer hubiese denunciado por acoso laboral al que entonces era jefe de la comisaría de Getxo.

Se trata de un caso de largo recorrido y que ha experimentado diversos giros desde que se desencadenó en 2007. La denunciante estaba aquel año al frente de una de las secciones de la Unidad Antiterrorista, donde tenía a sus órdenes al hijo del mando al que acusó de acoso laboral. El conflicto se desató cuando la ertzaina reprochó al joven sus continuas ausencias del trabajo.

Fue entonces cuando, según declaró, comenzó el enfrentamiento con su superior, que incluyó prolongados periodos de baja por «estrés y ansiedad». Tiempo después, la agente recaló en la comisaría de Getxo, donde volvió a coincidir con el mando con el que estaba enfrentada. Fue entonces cuando presentó la demanda de acoso laboral después de que se le denegase un ascenso al que tenía «derecho» y cuando, poco después, tuvo conocimiento de que al parecer el jefe de esta unidad había accedido a sus conversaciones telefónicas.

En un primer momento, su denuncia por delitos de revelación de secretos y de falsedad documental fue archivada. Pero ahora la Audiencia de Bizkaia, a pesar de la postura contraria del Fiscal, ha ordenado reabrir el caso limitándolo a un supuesto delito contra la intimidad. En este sentido, los jueces insisten en que la autorización administrativa para acceder a las grabaciones «adolece de una acusada falta de concreción», ya que este proceso debe hacerse con «autorización judicial». Pero además justifican la reapertura del caso ya que, en base a una prueba pericial de parte, existen «potentes indicios» de que el acceso a estas conversaciones se produjo antes incluso de que se concediese la autorización administrativa.

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