Menos de dos años de cárcel por raptar a su exnovia y obligarla a mantener relaciones sexuales

Una joven protesta por la sentencia judicial contra 'La Manada'./EFE
Una joven protesta por la sentencia judicial contra 'La Manada'. / EFE

El acusado, que ha llegado a un pacto con el fiscal, fue a buscar a su expareja a Vitoria, la trasladó a su casa de Sestao y la retuvo durante 20 horas

JUDITH ROMERO

Las sentencias judiciales en los casos de agresión sexual siguen en el punto de mira tras la polémica por el caso de 'La Manada', en el que los cinco presuntos autores fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual en lugar de ser sentenciados por violación. El jueves, en Vitoria, un hombre para el que la Fiscalía alavesa pedía 11 años por un delito de agresión sexual, otro de coacciones y otro de maltrato se libró de un acceso inmediato en prisión.

Su defensa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, un pacto que permitirá que el imputado salde su pena acudiendo a cursos sobre igualdad, abonando una cuantía de 1.000 euros a la víctima y dedicando 40 días a trabajos en beneficio de la comunidad. También asume una condena de un año y ocho meses de cárcel pero, al carecer de antecedentes, no entrará en prisión.

Las agresiones sexuales aumentaron un 21,8% en el conjunto de Euskadi en el último año y la reiteración de casos similares en los juzgados vascos es frecuente. Tampoco es extraña la modificación de las penas finales respecto a las peticiones iniciales de la Fiscalía. Esta misma semana, también en Vitoria, se ha condenado a tres años a un hombre por abusos sobre ocho mujeres. La Fiscalía pedía una pena mucho más dura, 17 años de cárcel. Seis de los ocho delitos de tocamientos que se le atribuían se saldaron con multas y solo se acordaron penas de cárcel para los dos más graves.

El caso visto este jueves había sido calificado por la Fiscalía como tres delitos de agresión sexual, detención ilegal y maltrato. Según la narración del acusador público, en marzo de 2015, el hombre se trasladó a Vitoria desde Sestao, su lugar de residencia, y reclamó a su expareja que bajara de su domicilio a través del portero automático. La víctima lo hizo aún en pijama «para evitar problemas con los vecinos». En ese momento, el acusado «la introdujo» en su vehículo –en el acuerdo se matiza que ella entró por voluntad propia– y la condujo hasta Sestao. Una vez en la vivienda, la mujer se negó a mantener relaciones sexuales, pero él la empujó y propinó un fuerte golpe en la cabeza para a continuación mantenerlas «a pesar de haberse negado ella en varias ocasiones». La mujer estuvo veinte horas retenida en el piso –hasta que el acusado accedió a llevarla de vuelta a Vitoria– y presentó hematomas y heridas.

La defensa asumió una condena de un año de prisión por agresión, ocho meses por coacciones y 40 días de trabajos para la comunidad por la acusación de maltrato. No pisará la cárcel porque se acordó suspender sus penas privativas de libertad durante un plazo de cuatro años.

El juez señaló que «no se considera necesario su ingreso en prisión para evitar que vuelva a cometer estos delitos» y la Fiscalía se refirió a su compromiso previo de pagar a la víctima –llevó 300 euros consigo al juicio– y a la ausencia de antecedentes penales. Condicionó eso sí la suspensión de las penas de cárcel a que complete cursos en materia de igualdad y violencia de género.

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