Un abogado bilbaíno defiende al exmarido de Juana Rivas

Centenares de personas visualizaron ayer en la localidad granadina de Maracena la campaña de apoyo a la madre de los dos pequeños. / EFE

«Nunca he tenido un caso con tanta presión social», dice Adolfo Alonso Carvajal

JOSÉ DOMÍNGUEZ

Lleva veinte años ejerciendo la abogacía en litigios «extremos», separaciones traumáticas en las que uno de los miembros de la pareja huye a otro país en un intento desesperado por quedarse con los hijos. También es miembro de la fundación británica 'Reunite', que engloba a especialistas europeos en lo que se denomina sustracción interparental de menores. Ambas credenciales dan a Adolfo Alonso Carvajal un reconocimiento internacional que le ha llevado a hacerse cargo de casos de relevancia como la que ha adquirido el de Juana Rivas, en paradero desconocido desde hace una semana tras incumplir la resolución judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos a su padre, residente en Italia.

El letrado, miembro del bufete bilbaíno Red Network Lawyers, defiende a Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, quien fue condenado en 2009 por un delito de lesiones contra ella. Pese a este antecedente, Alonso consideraba que el suyo era un caso «de manual, sencillo a nivel jurídico». Aunque ha resultado ser todo lo contrario: «Se ha complicado tanto que puedo asegurar que nunca he tenido uno con tanta presión social».

Recibió el encargo de compañeros italianos que le eligieron para representar a Arcuri en España. Analizó los datos y lo vio claro: «El Convenio de La Haya deja claro que los juzgados competentes en estos casos son los del país de residencia de los menores, es decir, Italia». Así lo entienden también el Juzgado de Instrucción número tres de Granada y la Audiencia provincial, que obligaban a la mujer a entregar a sus hijos el pasado 26 de julio. Sin embargo, la madre declinó cumplir este mandato y desde entonces continúa en paradero desconocido. Ha recurrido a los tribunales para «ejercer sus derechos de protección para sus hijos y para ella misma», según explicó su asesora jurídica.

Juana Rivas habla con la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de Maracena, Francisca Granados, en rueda de prensa. / AFP

El abogado del bufete radicado en Bilbao, por su parte, carga el peso de la polémica en el Ayuntamiento de Maracena -localidad granadina donde reside la exmujer- y sostiene que «inició una campaña mediática con el objetivo de desprestigiar al exmarido» que ha enturbiado el desarrollo del proceso. Alonso asegura haberse hecho cargo de «cientos» de casos similares, sobre todo después de que en los años 90 se dispararan estos secuestros interparentales «en España y en el mundo entero». Sin embargo, reconoce que en Europa la situación ha podido ser más notoria debido a la libertad de los ciudadanos para moverse sin pasaporte, «lo que aumentó el número de matrimonios mixtos y, en consecuencia, de posteriores divorcios». No obstante, precisa que siempre ha desarrollado su asistencia legal «dentro de un clima de discreción y privacidad, sin este rodillo mediático en el que han intervenido hasta los presidentes de España y Andalucía».

El abogado insistió ayer en que la solución al contencioso debe adoptarse en los tribunales italianos. Aludió a la confianza «recíproca» entre las instituciones jurídicas españolas y del país transalpino y aseguró que «el juez tiene todas las garantías de que los menores, y la propia mujer si se diese el caso, estarán protegidos». Ahora mismo, el asunto se encuentra en manos de la Audiencia de Granada, que se ha mostrado dispuesta a estudiar la petición de Juana Rivas para anular la orden de entrega ante la eventualidad de «una posible vulneración de los derechos fundamentales de sus hijos». La Fiscalía señaló ayer que ve «pocos visos» de que la solicitud prospere.

Un nuevo recurso ante el Constitucional

La representación legal de Juana Rivas ya ha adelantado que volverá a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de que la Audiencia de Granada confirme que la mujer debe restituir a sus dos hijos a su expareja. Es «un tema flagrante de derechos fundamentales», señaló la asesora jurítica. Mientras tanto, en Maracena continuaban ayer las muestras de apoyo a su vecina, con la colocación en los comercios y numerosas viviendas de carteles con la frase 'Juana está en mi casa', en alusión a su decisión de ocultarse con sus hijos desde el día en que debía haberlos entregado a su exmarido.

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