El juez respalda la compensación de Osakidetza a un hombre que se quedó tuerto por un fármaco

José Luis Azurmendi tenía 79 años cuando se operó./
José Luis Azurmendi tenía 79 años cuando se operó.

El paciente de 79 años, tratado con un producto alemán tóxico, reclamaba 110.000 euros, frente a los 11.930 propuestos por el Servicio de Salud

María José Carrero
MARÍA JOSÉ CARRERO

«Ajustada a derecho». El titular del juzgado de lo Contencioso Admnistrativo número 3 de San Sebastián confirma «en todos sus extremos» la resolución de Osakidetza que indemniza con 11.930 euros a un guipuzcoano, José Luis Azurmendi. Este vecino de Ordizia se quedó tuerto tras una operación de desprendimiento de retina en la que se utilizó un producto tóxico. El paciente reclamaba 110.000 euros.

Los hechos se remontan a 2015. En el primer semestre de ese año, 103 personas perdieron la visión de un ojo en España y otras dos sufrieron ceguera total tras ser intervenidos. ¿El motivo? Un líquido muy utilizado en la cirugía de retina -un perfluoroctano de la marca Ala Octa del fabricante alemán Ala Medics- estaba en mal estado. En Euskadi, los afectados son 13: 9 se operaron en centros de Osakidetza y 4 en una clínica privada de San Sebastián.

Fue el Servicio Vasco de Salud el que dio la voz de alarma al resto de España. En junio de ese año constató una evolución atípica en pacientes intervenidos en esas fechas en el hospital Donostia. Dado que el nexo en común era el mismo perfluoroctano, se lo comunicó a la Unidad de Farmacovigilancia de Osakidetza que, además de cambiar de proveedor, informó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, emitió el 26 de junio una alerta para la Unión Europea. De forma paralela, el Gobierno vasco encargó el análisis del producto al Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid, que fue concluyente: la toxicidad del perfluoroctano había arrasado las células oculares.

Pese a descartarse mala praxis médica y dado que la empresa alemana se declaró en quiebra, Osakidetza asumió la responsabilidad de lo ocurrido y encargó a la Inspección Médica (un órgano sin dependencia jerárquica del Servicio Vasco de Salud) fijar las indemnizaciones para los nueve operados en la Sanidad pública. Para José Luis Azurmendi, se estableció una cuantía de 11.930 euros. La cantidad no es la misma para todos porque, a la hora de evaluar cada caso, se tiene en cuenta la edad y el daño causado. No es lo mismo perder toda la agudeza visual que parte; y también se considera la situación de partida, es decir, en qué estado se encontraba el ojo intervenido.

LA CLAVE

103
personas han perdido en España: la visión de un ojo y dos ciegos. En Euskadi, son 14 los afectados
Sentencia en Cantabria
Rechazada la demandade una mujer porque el producto se aplicó antes de la alerta sanitaria

Le impone el pago de costas

En el caso de Azurmendi, la primera demanda de un paciente vasco que dirime un juez, la Inspección Médica consideró que le correspondían casi 12.000 euros porque tenía 79 años cuando la operación y el ojo izquierdo en el que sufrió un desprendimiento de retina había sido intervenido dos años antes.

Esta resolución fue refrendada por una prueba pericial aportada por Osakidetza. El demandante también presentó un informe pericial para argumentar una reclamación económica que multiplica por más de nueve el dinero ofrecido por la Sanidad vasca. El juez la ha desestimado «íntegramente». Es por ello, además, que le impone las costas del proceso pero limitadas a 100 euros.

De las 14 comunidades autónomas en las que se han registrado casos, Euskadi es la única que de motu propio ha optado por indemnizar a los pacientes. El resto han alegado que la reclamación debe dirigirse al fabricante. Hace solo unos días, un juzgado de Santander ha eximido a la Sanidad cántabra de responsabilidad en el daño que sufrió una mujer, que reclamaba 150.000 euros por pérdida de la visión en un ojo. La sentencia rechaza la demanda porque el producto se aplicó antes de la alerta sanitaria, con lo que se descarta una mala práxis.

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