Las pulseras electrónicas contra maltratadores fallan, denuncia la Fiscalía

Carmen Adán, junto a la presidenta de la comisión de Trabajo y Justicia, Jone Goirizelaia./IGOR AIZPURU
Carmen Adán, junto a la presidenta de la comisión de Trabajo y Justicia, Jone Goirizelaia. / IGOR AIZPURU

La fiscal superior, Carmen Adán, aconseja mejorar los actuales sistemas telemáticos de control con GPS para proteger a las mujeres que han sido agredidas.

JOSÉ DOMÍNGUEZ

La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, considera que la defensa y la protección de la mujer contra las agresiones machistas todavía presenta muchas carencias, también en el plano judicial. En su opinión, algunas se antojan de difícil solución, como dar con la tecla para conseguir que se evaporen los miedos que llevan a muchas víctimas a no denunciar un caso de maltrato o a retirar la acusación una vez presentada. Incluso por esos temores, ellas mismas acaban acogiéndose a su derecho a no declarar contra su pareja maltratadora.

Pero lo que sí ve factible la magistrada es garantizar que las medidas de prevención ante ataques sexistas como la pulsera electrónica funcionen en condiciones. Porque, según reconoció ayer en una comparecencia en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento vasco, este sistema telemático de control mediante GPS «plantea problemas».

El paro y el miedo a represalias frenan a 7de cada 10 víctimas

El «silencio» al que se refería ayer Carmen Adán tiene nombre y apellidos. Según el ‘V Informe Violencia de Género y Empleo’ elaborado por la Fundación Adecco, siete de cada diez mujeres no denuncian por miedo a las represalias que pueda tener su decisión de acudir a la Policía, unido a su precaria situación económica al carecer de un empleo.

Según este estudio, realizado a partir de una encuesta a 500 féminas y los datos sobre demandas por agresiones machistas ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, seis de cada diez víctimas tampoco denuncian por vergüenza a «reconocer» las situaciones que ha tolerado, mientras que la mitad de las consultadas confiesa no querer perjudicar al agresor a pesar del maltrato sufrido. Estas denuncias en el País Vasco han aumentado un 6% en lo que va de año (2.628), un tercio de lo que lo ha hecho la media nacional.

«Seguiremos reclamando estas mejoras técnicas, ya que se producen numerosas incidencias por la pérdida de cobertura de estos dispositivos y por un uso inadecuado que dificulta el correcto funcionamiento e impide una adecuada protección a la víctima», remarcó. Según la última memoria de la Fiscalía, el año pasado 27 hombres fueron obligados a portar este brazalete, «8 de ellos como medida cautelar y 19 tras sentencia firme. Además, consideró adecuado crear comisiones de seguimiento «formales» en cada provincia para velar por el buen funcionamiento de estos sistemas cuyo fin es garantizar que se cumplan las órdenes de alejamiento, y no limitarse a «reuniones oficiosas con la Policía», como se hace actualmente.

Ayuda psicológica

La fiscal subrayó que el organismo judicial que dirige intenta poner su grano de arena en la lucha contra la violencia machista. «Uno de los grandes problemas a solucionar es el silencio que se adueña de estos casos. Mantenemos reuniones con otras instituciones para trabajar en la posibilidad de asesorar y ayudar psicológicamente a estas mujeres para que mantengan las denuncias y las presenten también personas de su entorno», añadió.

Según Carmen Adán, otros de los delitos que más preocupan son los protagonizados por menores de edad. Tanto en cuanto a hurtos y robos como en lo referente al ciberacoso a través de internet que, según la memoria de la Fiscalía, tiene a los adolescentes de entre 11 y 13 años como a los «acosadores» más denunciados. No obstante, añadió que en estos casos se «favorecen» las sanciones «menos lesivas» a su infracción cuando muestran «predisposición» para reparar a la víctima.

La Fiscalía vasca, en palabras de su máxima responsable, desarrolla este trabajo en condiciones precarias por falta de personal y de medios técnicos. Esta situación, a juicio de Adán, provoca que, ante la saturación de trabajo, haya expedientes que pasen directamente al juzgado sin el informe fiscal. Y que el año pasado se incoasen solo 21 diligencias de investigación, menos de la mitad que en 2015, y que las suspensiones de juicios aumentase un 17% (1.412).

Fotos

Vídeos