El PSOE pide multar a los clientes de prostitutas dentro del pacto de violencia de género

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, junto a la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, durante la reunión sobre violencia de género.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, junto a la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, durante la reunión sobre violencia de género. / EFE

Los socialistas también quieren que las víctimas menores de 18 años no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para interrumpir su embarazo

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El PSOE registró ayer veinte votos particulares al pacto de Estado contra la violencia de género para sancionar a los clientes de las prostitutas, revertir la reforma de la ley del aborto respecto a las menores o incluir la gestación subrogada «como una forma de violencia», entre otras cuestiones. La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, expuso estas peticiones cuando están a punto de terminar los trabajos de la subcomisión que ha diseñado el plan de ruta, cuyo dictamen se votará hoy.

Entre los puntos que los socialistas quieren incorporar al pacto destaca la modificación de la ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para interrumpir su embarazo. Ángeles Álvarez detalló a su vez que la subcomisión acordó la puesta en marcha de una ley contra la trata de personas, pero reclamó un debate más amplio, al tiempo que abogó por «penalizar el alquiler de habitaciones para la práctica de sexo de pago, introducir la penalización del proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y compra de prostitución». También plantea incluir la «explotación reproductiva» o gestación subrogada como «una forma más de violencia contra las mujeres».

Otra de las iniciativas está orientada a la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir a las testigos, víctimas de violencia de género, de la dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o parejas de hecho. La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso defendió además las reformas legislativas pertinentes para evitar el uso de la custodia compartida impuesta o preferente como «un instrumento de chantaje a las mujeres y a las víctimas de violencia de género».

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