Primer embargo judicial por no devolver un préstamo universitario

En total, 15.623 universitarios solicitaron un préstamo de este tipo y sólo los 3.463 de la primera convocatoria quedaron acogidos a los beneficios./EFE
En total, 15.623 universitarios solicitaron un préstamo de este tipo y sólo los 3.463 de la primera convocatoria quedaron acogidos a los beneficios. / EFE

Un juez confisca 18.000 euros a una joven que solicitó un crédito al Ministerio de Educación para financiar el doctorado y un máster

EL CORREO

Los Préstamos Renta Universidad (PRU) funcionaron entre los años 2007 y 2011 como un método para ayudar a los jóvenes a financiar sus estudios de posgrado. Se trataba también de una fórmula con la que paliar los efectos de la naciente crisis económica en un sector de población con una tasa de paro elevada. El sistema funcionaba de la siguiente manera: al finalizar la carrera, los universitarios podían solicitar un crédito al Ministerio de Educación –que contaba con varios bancos colaboradores– y sólo debían devolverlo cuando trabajasen y sus ingresos superasen el umbral de 22.000 euros anuales. Eso ocurrió en la primera convocatoria. En las tres siguientes, las condiciones fueron haciéndose paulatinamente más rígidas; entre ellas, desapareció ese umbral de 22.000 euros, lo que dejó entrampados a miles de estudiantes o sus familias.

Pues bien, ahora un juzgado madrileño ha cursado el primer embargo a una mujer que solicitó en su día 18.000 euros mediante esta vía para sus estudios de máster y doctorado y que no ha podido devolver el dinero, lo que hizo que fuera demandada por una entidad financiera. La resolución judicial ha levantado la polémica ante la eventualidad de que se produzcan nuevos casos –en total, 15.623 universitarios solicitaron un PRU y sólo los 3.463 de la primera convocatoria quedaron acogidos a los beneficios– y por la naturaleza de los mismos.

Ficheros de morosos

De hecho, la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad se apresuró ayer a solicitar la nulidad del fallo porque considera «ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base a un préstamo concedido con fondos públicos». El colectivo hace hincapié en que la ayuda era otorgada por el Ministerio de Educación y el Instituto de Crédito Oficial, que a su vez mantenían convenios con entidades financieras.

El Gobierno otorgó estas ayudas entre 2007 y 2011 gracias a un convenio con el ICO y entidades financieras programa

«Es ilegal que un banco embargue a una persona por un préstamo concedido con fondos públicos» efectados

El colectivo subraya que el ministerio creó estos créditos «ligados a la obtención de una renta futura, de manera que los titulados universitarios sólo debían devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros». La asociación culpa al Gobierno de eliminar posteriormente «este umbral de devolución sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos» a los solicitantes, de modo que «los bancos colaboradores han comenzado a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando a ficheros de morosidad».

El juzgado ordenó el embargo a finales del año pasado, pero la joven se ha enterado del proceso ahora al comprobar que el dinero le había sido embargado de su cuenta bancaria. «El procedimiento judicial se ha desarrollado sin el conocimiento de la afectada, ya que el Ministerio de Educación no avisó en ningún momento de la existencia de esta reclamación judicial y el banco no pidió al ministerio el domicilio de la prestataria a efectos de notificaciones», precisó la asociación.

Su abogado, Miguel Ángel Llamas, recordó ayer que estos préstamos fueron concedidos con fondos públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial, «limitándose las entidades financieras a formalizar las operaciones». La asociación ha solicitado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una reunión «con carácter urgente para solucionar la problemática, evitar la judicialización y cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado año aprobó una proposición que asumía las demandas de los afectados».

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