Todas las personas con discapacidad podrán ser jurados desde el 14 de febrero

Todas las personas con discapacidad podrán ser jurados desde el 14 de febrero
EFE

El Congreso aprueba una ley orgánica para que los afectados físicos, psíquicos o sensoriales ejerzan su derecho con «los apoyos precisos»

Sergio García
SERGIO GARCÍA

La actual Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado restringe el derecho de participación de las personas con discapacidad y no reconoce su igualdad, una situación que vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución e incumple lo establecido en la Convención Internacional sobre los derechos de este colectivo. Así lo reconoce el preámbulo del nuevo marco jurídico aprobado en el Congreso de los Diputados y en el BOE desde el pasado jueves, que garantiza la participación de este sector de la ciudadanía en la formación de los jurados populares. Y lo hace sin exclusiones. El texto, que entrará en vigor el próximo 14 de febrero, representa un firme espaldarazo para las aspiraciones de aquellos cuyas limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales suponen una barrera diaria -debidas a la actitud y al entorno-, que evita su integración plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto. Pero la ley va más allá. Establece la obligación de la Administración de Justicia de disponer las herramientas y ayudas necesarias que se requieren para que este ordenamiento no quede en un brindis al sol.

«Lo inaceptable es que existiendo la posibilidad legal, haya gente que quede excluida» Edmundo Rodríguez Achótegui. Juez

«Es una medida revolucionaria, que confirma un cambio de talante por parte del legislador» Rafael Armesto. Abogado

Así, el texto refundido, que deberá entrar en vigor en el plazo de dos meses después de su publicación, recoge en el apartado 5 del artículo 8 que «las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia -la de contar con la aptitud suficiente- de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido». En paralelo, la ley recoge en su artículo 12 la posibilidad de renunciar a ese derecho -o excusa-, en idénticos términos que los mayores de 65 años.

El legislador establece que las personas con discapacidad designadas como jurados dispondrán de cinco días para devolver al magistrado el cuestionario con que se les requiere, «haciendo constar en su caso aquellas circunstancias personales asociadas que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función.

Una medida «revolucionaria»

La noticia ya ha provocado reacciones. Rafael Armesto, un abogado con 38 años de oficio -la mayoría al servicio de personas con discapacidad intelectual-, se reconoce «entusiasmado» por una medida que no duda en calificar de «revolucionaria». A su juicio, la ley reformulada marca «un cambio de tendencia, de talante», que permite pensar en ganar otras batallas. Como ocurrió cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitió a Gabriel Pérez opositar para ser el primer juez ciego de España, después de diez meses de dura pelea y de haber acabado la carrera con notable alto. También la revisión de los procesos de tutela. O el voto, «un derecho que en Euskadi queda fuera del alcance para miles de personas», refiere Armesto. Un debate del que se hace eco también el juez Edmundo Rodríguez Achótegui en la sección de Apelaciones de Tutelas e Incapacidades de Bizkaia. «No siempre que una persona tiene discapacidad se le debe privar del voto. Antes, la decisión se tomaba muchas veces de forma generalizada, mientras que ahora se hace con mucho más rigor y sólo si es estrictamente necesario. Limitar un derecho, como es el sufragio activo, siempre debe ser el último recurso».

13 fueron los procedimientos con jurado que se incoaron en el País Vasco en 2016, los mismos que el año anterior (5 en Gipuzkoa, 5 en Bizkaia y 3 en Álava), según la Memoria de la Fiscalía. Las sentencias fueron mayoritariamente condenatorias

9 son los miembros de un jurado popular, aunque el número de personas que intervienen en el proceso de selección triplica esa cantidad

Tanto él como Armesto no ignoran, sin embargo, que el compromiso debe ir acompañado de medidas de apoyo. Herramientas de lectura facial, tablets, mecanismos de accesibilidad física y cognitiva, lenguaje de signos... extender la figura del ‘facilitador’, para una mayor comprensión. «Cada vez que una persona encamada, parapléjica, sordomuda, con parálisis cerebral o con un trastorno del espectro autista no pueda ejercer su derecho, significará una quiebra del sistema», advierte el letrado. Pero es optimista. «Lo importante -dice- es garantizar un derecho. Las dificultades las iremos enfrentando conforme lleguen».

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