El Parlamento vasco investigará el fraude de los comedores escolares

Comedor escolar. /MICHELENA
Comedor escolar. / MICHELENA

PP, Podemos y EH Bildu sacarán adelante una comisión para buscar responsabilidades políticas por el sobrecosto pagado, de unos 80 millones

ELCORREO.COM

Tal y como estaba previsto el Parlamento vasco ha aprobado con los votos de Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu la creación de una comisión que investigará si hubo responsabilidades políticas del Gobierno autonómico en la contratación de empresas para gestionar comedores escolares, caso en el que la Fiscalía no encontró indicios de delito.

La iniciativa ha sido propuesta de forma conjunta por la formación morada y los populares, y ha contado con el respaldo de la coalición abertzale y con la abstención de los partidos que integran el Ejecutivo de Vitoria, PNV y PSE-EE.

Con esta propuesta el Parlamento vasco acuerda abrir una comisión de investigación de «todo el proceso que culmina en la contratación de estas empresas» por parte del Departamento de Educación, asunto sobre el que ya se pronunció la Fiscalía Superior del País Vasco en 2016, que decidió archivarlo al no encontrar indicios de delito en la actuación de estas empresas.

La Fiscalía del País Vasco abrió diligencias de investigación después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por un reparto de mercado y fijación de precios.

No obstante, un año después varias de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó la sanción en un 60 %, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno Vasco.

El Parlamento Vasco acuerda ahora investigar si hubo responsabilidades políticas en este caso, posibilidad que rechazó en abril de 2016, cuando no salió adelante una propuesta conjunta similar de PP y UPyD, que fue apoyada por EH Bildu, y rechazada por PNV y PSE-EE.

Antecedentes

Tanto la Autoridad Vasca de Competencia, en febrero de 2016, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un año después, constataron que siete empresas de catering escolar se habían aliado para repartirse el mercado para llevarse año tras año contratos que sumaron 800 millones de euros. Tras su investigación, a raíz de una denuncia en 2014 de una empresa de la competencia, Aibak, la AVC resolvió establecer una multa de 18 millones por repartirse el servicio de menús, tras computar en 80 millones de euros la cantidad que habría gastado de más el Gobierno Vasco a lo largo de once años, debido al sobreprecio fijado por las adjudicatarias -Auzo Lagun, Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica y Tamar Colectividades-.

El TSJPV ratificó la resolución, tras los recursos presentados por las empresas sancionadas -todavía faltan por conocer tres que implican a la guipuzcoana Auzolan que abarca a Auzolagun (6,1 millones de multa), Goñi (522.879 euros) y Magui (775.827)-, pero redujo la multa un 60% porque la dejación del Gobierno Vasco no solo no impidió los sobrecostes sino contribuyó a que las empresas entendieran que actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable. En el plano penal, el caso quedó archivado al entender la Fiscalía que no había indicios de delito.

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