En medio de la vía

Miles de funcionarios catalanes aguardan con inquietud el choque de trenes que se avecina con el referéndum. Presionados por la Generalitat y emplazados por el Gobierno de Rajoy a cumplir la ley, serían los primeros en recibir el golpe

JAVIER GUILLENEA

Son fechas tremendamente garantistas las que se están viviendo en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, garantiza que el 1 de octubre se celebrará un referéndum independentista, mientras que el Gobierno central lo que garantiza es que nunca se llevará a cabo. La Generalitat también insiste en que sus funcionarios estarán a salvo de problemas legales si colaboran con la consulta y desde Madrid recuerdan que la ley está para cumplirla y que quien no lo haga se atenga a las consecuencias. Todo son garantías contradictorias y todas convergen en un mismo punto: los funcionarios.

«¿Y si no obedezco la ley catalana, ¿qué pasará?», se ha preguntado en varios actos públicos el antaño cantautor y hoy diputado independentista de Junts pel Sí Lluís Llach. Él mismo ha contestado con una contundente garantía: «El que no la cumpla será sancionado». Lo que ocurre es que quien cumpla la aún desconocida ley catalana también recibirá la sanción correspondiente, esta vez por parte de la Justicia española. Hagan lo que hagan, alrededor de 32.000 funcionarios catalanes se encontrarán en medio. «Para unos serán héroes y para otros villanos», afirma Joan Escanilla, presidente del sindicato CSIF en Cataluña.

Precedente. Un voluntario prepara una urna en un colegio público de Barcelona para la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014. / AFP

La respuesta a Llach la dieron el martes los secretarios, interventores y tesoreros de los municipios de Cataluña, que anunciaron que no colaborarán con la organización del referéndum. «Debemos permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución española, a la normativa autonómica y a la europea», señalaron. Pocas veces el cuerpo de funcionarios ha sido tan relevante para un proceso que se pretende histórico. A ellos, que gustan del anonimato y practican el noble arte de pasar desapercibidos, les ha caído encima la pesada carga de garantizar el éxito o el fracaso de un viaje hacia la independencia.

«Situación angustiosa»

En una votación normal en Cataluña son necesarios 4.000 empleados públicos; al menos, eso es lo que ha ocurrido en anteriores convocatorias. Llegado el caso, los directores de colegios serán quienes tengan que abrir o mantener cerrados los centros para instalar las urnas y los técnicos municipales deberán facilitar o no los censos. Su responsabilidad es grande, las consecuencias también. El Gobierno les ha advertido de que participar en la organización de la consulta como miembros de las mesas electorales, interventores o titulares de los locales electorales, entre otros cometidos, les puede traer consigo condenas de inhabilitación.

«Es una situación angustiosa», afirma Carlos Villalante, secretario de política institucional de UGT Cataluña. «Solo nos dicen que nos van a blindar y nos dan garantías; pero, ¿qué nos dan? No sabemos nada, lo único que queremos es que dejen de hablar de nosotros y que hablen con nosotros», argumenta. Joan María Sentís, coordinador del Área Pública de CC OO de Cataluña, no es tan pesimista y prefiere mantener la calma. «Nuestra actitud -dice- es de precaución y prevención. Todavía no hay una normativa aprobada, nos pronunciaremos cuando se apruebe y conozcamos la letra grande y la pequeña».

«Es muy difícil que condenen a un funcionario por prevaricación» Sergi Perelló | Intersindical-CSC

De la letra se sabe hasta ahora la pregunta de la consulta -‘¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?’- y el contenido del borrador de la Ley del Referéndum de Autodeterminación que presentaron el pasado día 4 Junts pel Sí y la CUP. En dos de sus artículos se indica que esta ley «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto» y que todos aquellos que participen en la organización del referéndum quedan «amparados» por la norma.

La encrucijada

El borrador
La Ley de Referéndum que han presentado Junts pel Sí y la CUP señala que esa norma prevalece jerárquicamente sobre todas las que puedan entrar en conflicto con ella y sostiene que todos quienes participen en la organización del referéndum quedan «amparados» por la ley catalana. Las organizaciones independentistas insisten en que los funcionarios «no tienen nada que temer» porque las resoluciones que cumplan no las firman ellos, «sino los cargos políticos».
Las consecuencias
El Gobierno central ha advertido a los funcionarios que colaboren con la organización del referéndum como miembros de mesas electorales, interventores o titulares de los locales electorales de que pueden cometer delitos que traen consigo condenas de inhabilitación.
160.000
funcionarios de la Generalitat trabajan en la actualidad en Cataluña. Se calcula que alrededor de 32.000 pueden verse implicados en el choque de trenes del referéndum. De ellos, 4.000 son los que se estiman necesarios para llevar a cabo un proceso electoral o consultivo, 17.000 son Mossos d’Esquadra y 11.000 policías locales. En Cataluña hay además 30.000 empleados públicos a quienes la Generalitat les dará un plazo de tiempo para integrarse en la nueva administración en caso que el ‘sí’ gane en un virtual referéndum.

Tanto UGT como CC OO, sindicatos mayoritarios en la función pública en Cataluña, están a favor de un referéndum «con garantías, ajustado a Derecho y con reconocimiento internacional». Por eso a Carlos Villalante no le convence el borrador de una ley que no ha sido aprobada por el Parlamento catalán y que nace marcada por las dudas del recientemente cesado conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que ha manifestado que está dispuesto a ir a prisión por la celebración de la votación pero no a poner en riesgo su patrimonio personal y familiar. «Si un conseller muestra dudas y dice que de la prisión se sale pero de la pobreza no, ¿qué seguridades tenemos los funcionarios ?», lanza Carlos Villalante.

«Estamos esperando a conocer la letra grande y pequeña» Joan María Sentís | CC OO

«No se sabe gran cosa de cómo se va a organizar el referéndum. Es como Dios, que todo el mundo habla de él pero nadie lo ha visto», expone Joan Escanilla. «Si un funcionario colabora con la consulta, el Estado puede denunciarle por lo Penal y, como poco, ser inhabilitado. Pero, si no colabora, la Generalitat le puede abrir un expediente administrativo y apartarle del servicio». El resumen, añade, es que los empleados públicos «están encadenados en una vía donde van a chocar dos trenes. O te da uno o te da el otro».

Sin problemas

Quien no está de acuerdo con esta metáfora es Sergi Perelló, vicesecretario general de la Intersindical-CSC, organización que se presenta como «el único sindicato que trabaja en la protección de los funcionarios» y que participa activamente en el proceso de independencia. Perelló se queja de las «intoxicaciones destinadas a aumentar los temores sobre lo que les puede pasar» a los empleados públicos y rechaza que sea tan sencillo, «como dice el resto de los sindicatos», que se les pueda condenar por prevaricación o desobediencia si colaboran con el referéndum.

«Los empleados públicos van a ser héroes para unos y villanos para otros» Joan Escanilla | CSIF

En el primero de los delitos, el que resultaría de firmar una resolución administrativa sabiendo que no es adecuada a Derecho, Perelló sostiene que «las resoluciones no las hacen los funcionarios, sino los cargos políticos». Según su sindicato, «no más del 5% de los empleados públicos catalanes están habilitados para firmarlas». En cuanto a la desobediencia, el responsable de la Intersindical-CSC recuerda que este delito se produce cuando no se acata una orden directa. «Esa orden -indica- debería ser por escrito y tendría que ser enviada a cada uno de los funcionarios de Cataluña, lo que es muy complicado».

Disquisiciones jurídicas aparte, ya hay quien está experimentando la incómoda sensación de no saber si las órdenes que recibe son legales o no. «Hay gente preocupada porque le están empezando a encargar trabajos con vistas al referéndum. Si hubiera una ley clara podríamos adoptar medidas y asesorar a todos los que nos consultan», indica Villalante. «Las órdenes que son manifiestamente ilegales no las tienes que cumplir, el problema es que no va a estar clara la legalidad de muchas de las que se darán», tercia Escanilla.

«Los mossos tenemos la obligación de ser neutrales» Valentí Anadón | SAP

Los acontecimientos se precipitarán el 15 de agosto. Ese día, el Parlamento catalán iniciará el nuevo curso político y se encaminará hacia la recta final del referéndum. Empezará también entonces el momento de la verdad para los funcionarios. El CSIF recomienda a los empleados públicos que, ante cualquier duda, «pidan la orden por escrito para cubrirse la espalda o acudan al fiscal» para denunciarla. Pero esto no siempre va a ser fácil.

En Cataluña hay 480 municipios de menos de 500 habitantes, muchos de ellos con amplia mayoría independentista. «Si yo vivo en uno de ellos y soy responsable en el ayuntamiento del censo, el padrón y hasta de la fiesta mayor, ¿cómo le digo al alcalde que no obedezco una orden suya?», se pregunta Carlos Villalante. Y aunque lo haga, quedará el miedo a lo que piensen sus vecinos. «Al que no colabore con el referéndum le señalarán por la calle», agrega. «Va a acabar marcado y a la larga es posible que termine pidiendo el traslado», confirma Escanilla.

«Si un conseller muestra dudas, ¿qué seguridad tenemos?» Carlos Villalante | UGT

En la sede del CSIF están recibiendo consultas de directores de colegios y de conserjes que quieren saber qué tienen que hacer la víspera del 1 de octubre cuando les digan que abran las puertas del centro para instalar las urnas. No está claro qué sucederá si se niegan a hacerlo, aunque, para Sergi Perelló, no hay motivo para temer nada. «Esos directores recibirán una orden de los titulares de los colegios, que en el caso de Primaria son los ayuntamientos y en el de Secundaria, la Generalitat. Quien asume la responsabilidad de la apertura es la administración correspondiente», concluye.

Perelló elude hablar de la actitud que deberían adoptar los agentes de los Mossos d’Esquadra (17.000 funcionarios) y la Policía local (unos 11.000). «Aquí hay que ir con prudencia; puede haber quien decida no acatar las órdenes y aludir objeción de conciencia», indica. Para Valentí Anadón, portavoz del sindicato policial SAP, no hay ninguna posibilidad de elegir porque «la ley es una línea roja que no se puede cruzar». «Nuestro compromiso con la legalidad es evidente; nosotros tenemos la obligación de ser neutrales, no tenemos que decantarnos por un lado ni por otro», dice. Por ese motivo, reclama que los cuerpos catalanes de seguridad queden fuera del debate: «Clamamos para que nadie nos intente instrumentalizar. Los actores tienen que ser los políticos, no los policías».

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