Un juez de Vitoria cuestiona la constitucionalidad de las sanciones por ir drogado al volante

Imagen de un control de la Ertzaintza. /MITXEL ATRIO
Imagen de un control de la Ertzaintza. / MITXEL ATRIO

El magistrado critica que se castigue con multas y pérdidas de puntos «sin que sea necesario acreditar» que el uso de sustancias estupefacientes influye en la conducción

EL CORREO

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria ha pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie en torno a la posible inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Tráfico, que prohíbe la conducción de vehículos «con presencia de drogas en el organismo».

Este juzgado vitoriano ha planteado esta cuestión de inconstitucionalidad a raíz de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por un conductor que, en un control preventivo de la Ertzaintza practicado el 6 de enero de 2015, dio positivo por consumo de cannabis. Como consecuencia de ello, y en aplicación del artículo 14 del el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se le impuso una multa de mil euros y la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir por infracción «muy grave» de dicha normativa.

En su recurso, el conductor sancionado alegaba, entre otras razones, la posible inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Tráfico por el que había sido multado. Dicho artículo establece que «no puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo».

La ley establece la excepción de «aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción». El juez señala en su auto que «la controversia se centra en determinar si es o no constitucional proscribir a una persona conducir un vehículo con 'presencia' de drogas en su organismo, sin que sea necesario acreditar que esa presencia influya o no en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, precaución y no distracción en la conducción».

«Consumo privado»

En el auto se subraya que el consumo privado de sustancias estupefacientes «no está sancionado» en el ordenamiento jurídico, salvo en la normativa de tráfico, en la que la prohibición se aplica «sin que guarde relación» con su influencia o no influencia en la conducción. El juez destaca en el caso de las drogas utilizadas con «prescripción facultativa y finalidad terapéutica», el artículo 14 de la Ley de Tráfico sí que condiciona su posible uso durante la conducción a que no afecten a las condiciones del usuario para manejar el vehículo «conforme a la obligación de diligencia y no distracción».

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria señala que «si la mera presencia de drogas en el organismo del conductor de un vehículo se presume que afecta a la seguridad viaria, no se entiende ni se justifica la cláusula de salvedad en aquellos casos en los que su consumo está autorizado por prescripción facultativa, en cuyo caso únicamente ha de atenderse a si el mismo está en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia y precaución».

«Trato desigual»

A su juicio, esto supone «una diferencia de trato arbitraria y no justificada en la regulación de los dos supuestos», es decir, en el consumo de drogas con prescripción médica y sin ella. El juez destaca que «la tacha de inconstitucionalidad se refleja en el trato desigual que se otorga al 'consumo de drogas». Además, considera que el citado artículo de la Ley de Tráfico «no se ajusta a las exigencias del principio de taxatividad» establecido en la Constitución española, «que exige que la norma que prevea las infracciones sea precisa o cierta», de forma que garantice la «seguridad jurídica» de los ciudadanos.

Por todo ello, el juez considera que esta normativa «infringe» los artículos 9, 14 y 25 de la Constitución, que se refieren a la «igualdad» de los ciudadanos, el derecho a la seguridad jurídica, y a la imposibilidad de ser condenado o sancionado «por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

Con el objetivo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en torno a si la Ley de Tráfico vulnere de la Carta Magna, el juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante dicho órgano. En el auto se decreta la suspensión de la tramitación del recurso presentado por el conductor afectado hasta que el Tribunal Constitucional adopte una decisión.

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