Las instituciones vascas aportarán 815 millones anuales al Plan de Inclusión hasta 2021

El gasto anual estimado por parte de las instituciones para desarrollar estos objetivos será de 815 millones de euros, de ellos 400 millones para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES); 100 millones para prestaciones de vivienda; 200 para políticas públicas de apoyo al alquiler, 75 para incentivos a la inserción laboral y otros 45 para otros servicios sociales.

En estas estimaciones no está incluido el gasto previsto en salud y educación, precisó este martes Artolazabal. En total, en los cinco años de aplicación del plan, incluido el ejercicio pasado, las instituciones vascas dedicarán más de 4.000 millones de euros a las acciones de inclusión.

Entre los objetivos del plan figura reducir en un 20 % la tasa de pobreza en todas las comarcas vascas y situar las tasas de abandono escolar por debajo del 7 %. En el ámbito del empleo, el documento marca como reto prevenir los procesos de precarización del empleo e impulsar la inserción laboral de jóvenes con mayores dificultades de empleabilidad.

En prestaciones de garantía de ingresos el objetivo es preservar y mejorar el modelo vasco, garantizando su sostenibilidad económica en los próximos años. También se impulsará la Ley de Servicios Sociales para que sea efectivo el derecho subjetivo a los servicios sociales para toda la ciudadanía.

En el ámbito de la salud se potenciará la adquisición de hábitos saludables en la población con vulnerabilidad social y se mejorará el acceso a los servicios de salud de las personas en situación de exclusión social. En vivienda, el plan recoge actuaciones para facilitar el acceso a una vivienda adecuada a las personas en situación o riesgo de exclusión social, y en educación se busca garantizar que las personas más vulnerables accedan a servicios educativos de calidad.

La consejera Artolazabal ha destacado que con este documento todas las instituciones vascas cuentan con una herramienta básica para la articulación y estructuración de las políticas en materia de inclusión.