El Gobierno vasco pagará hasta 600 euros al mes por los pisos destinados al alquiler público

El Gobierno vasco pagará hasta 600 euros al mes por los pisos destinados al alquiler público

Volverá a elevar la cuantía máxima el próximo año, en el que sumará 2.300 viviendas protegidas en fase de construcción, el doble que el presente ejercicio

JOSÉ DOMÍNGUEZ

El Gobierno vasco redoblará el año que viene su política de promoción de pisos protegidos. Así lo ha asegurado este martes el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, en la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2018, que ascenderá a 205,9 millones de euros, un 7,2% más que en el actual ejercicio y el doble de subida que la media de las cuentas del Ejecutivo autonómico. Prueba de ello es que, aunque este año el número de pisos iniciados bajo algún tipo de tutela pública todavía no alcancen el millar (después de registrar en el primer trimestre los peores datos de la historia de la administración vasca en este tipo de promociones), de cara al año que viene el compromiso del dirigente socialista pasa por rozar ya los 2.300.

Arriola ha puntualizado que en esta labor tendrá un papel fundamental la sociedad de promoción urbanística Visesa, que contará para su labor con un presupuesto adicional de 122,7 millones de euros. Y el objetivo sigue siendo, como ya destacó en su toma de posesión del cargo hace casi un año, apostar decididamente por el alquiler, aunque de momento en 2018 todavía el 42% de las nuevas construcciones se seguirán destinando a la venta.

Esta política de impulso del alquiler, «imprescindible porque la Ley de Vivienda de 2015 determina que el derecho a la ocupación legal de una vivienda se satisface preferentemente mediante el alquiler (y sus previsiones es que 2.500 familias tengan reconocido este derecho a finales de 2018)», se verá reflejada en la intensificación de los esfuerzos públicos para movilizar «el stock de viviendas vacías a través de los programas de intermediación en el mercado Bizigune y Asap». Especialmente el primero, para el que se volverá a subir la cuantía que se abone a los propietarios interesados hasta los 600 euros mensuales frente a los 525 actuales, cantidad que ya se había incrementado en 75 euros este año. Con este nuevo incentivo, el objetivo del departamento es elevar a 5.400 los 4.361 pisos inscritos hoy en Bizigune. Para conseguirlo este programa incrementará un 8% su partida disponible, que será de 26 millones de euros.

Por otro lado, el consejero ha apuntado que apoyará a los ayuntamientos con 300.000 euros para impulsar la realización de las Inspecciones Técnicas de Edificios, toda vez que en la actualidad apenas el 13% de los 73.000 edificios con más de 50 años que en Euskadi deberían cumplir este requisito lo han hecho. Realista ante esta situación que exige a las comunidades de vecinos el abono de una cantidad económica, confía en que cuando acabe 2018 se hayan conseguido registrar al menos 24.000 inspecciones.

Al margen de la vivienda, Arriola ha remarcado que su departamento también va a realizar un esfuerzo importante en el campo del medioambiente. En ese sentido, el 57% de los 65 millones de presupuesto de esta vicenconsejería se destinará a la planificación hidráulica. Además, se invertirán 907.000 euros en la mejora y conservación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y el Museo de la Minería de Abanto recibirá un nuevo impulso con una partida de 350.000 euros, que se sumarán a los 285.000 que recibirá el centro de interpretación de Peñas Negras en Ortuella.

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