El Gobierno vasco expropiará las viviendas vacías que los bancos no saquen al mercado

El socialista Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, durante la presenteción de una campaña./M. ARRAZOLA
El socialista Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, durante la presenteción de una campaña. / M. ARRAZOLA

Elabora ya el reglamento que regulará estos pisos a la espera de que el Tribunal Constitucional lo avale como ya ha hecho con la norma de Navarra

JOSÉ DOMÍNGUEZ

La Ley vasca de Vivienda aprobada en 2015 se muestra intransigente con los pisos vacíos. Permite imponerles un canon de hasta 10 euros por metro cuadrado, obligar a su alquiler forzoso o incluso expropiarlos para sacarlos al mercado del alquiler. La pena es que esas ambiciosas medidas todavía no se han podido aplicar porque el Gobierno central consideró que invadían competencias estatales y las recurrió ante el Tribunal Constitucional, que mantiene suspendidos cautelarmente desde 2016 los artículos que las respaldan. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha empezado a desarrollar el reglamento que regulará el registro de inmuebles deshabitados y la posibilidad de multar o incluso quedarse con los de los bancos amparado por la última decisión del Alto Tribunal al respecto en Navarra: avala la norma foral que legaliza estas decisiones extremas para garantizar el derecho a un hogar.

«La capacidad de expropiación cuando una persona jurídica no destine al uso residencial una vivienda durante dos o más años recibe el expreso refrendo del Constitucional», subrayan responsables del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. La sentencia, en su opinión, reafirma que esta potestad se puede realizar «en el legítimo ejercicio de las atribuciones autonómicas en materia de vivienda». Y, a juicio de las mismas fuentes, el caso navarro es «idéntico» al vasco, «con lo que creemos que el Alto Tribunal reconocerá al Gobierno vasco la capacidad para determinar los pisos deshabitados conforme a la definición legal de la Ley de Vivienda y mediante el garantista procedimiento en ella incluido».

Esta confirmación pondrá fin al culebrón judicial de la norma vasca y desbloqueará la aplicación de un canon «que impondrían los municipios» y, de forma subsidiaria, el Ejecutivo autónomo. Un gravamen que, además, aumentará cuanto más se tarde en habitar la vivienda.

«Poco más de 150 inmuebles»

Desde la viceconsejería remarcan la importancia de la entrada en vigor de una medida que obligará a las entidades financieras a informar sobre los inmuebles vacíos en su poder. Y, en consecuencia, la posibilidad de sancionarlos si los mantienen sin ocupar durante más de dos años, llegando incluso a la «expropiación, previo pago de un justiprecio».

En su contexto

388.000
Diez años después del estallido de la burbuja de la vivienda y tras la creación en 2012 de Sareb para aliviar los balances de las entidades más expuestas a los activos tóxicos ligados al sector inmobiliario, la banca acumula aún más de una cuarta parte del 'stock' de pisos sin vender, con 388.000 del total de 1,36 millones de inmuebles en España, concretamente 128.000 viviendas nuevas y 260.000 de segunda mano.
Oferta dispar
Murcia es la provincia en la que más viviendas de banco hay en el mercado en relación con el número total de pisos disponibles, ya que el 13,7% de todas las que se venden en la región pertenecen a una entidad financiera. Le siguen Toledo (12,8%), Almería (12,1%), Castellón (12%), Lleida (11,4%) y La Rioja (11%). Los tres territorios vascos son las provincias en las que la relación es menor, ya que sólo el 1% de todas viviendas en el mercado en Gipuzkoa y Bizkaia pertenecen a una entidad financiera, por un 1,1% en Álava.
Municipios pequeños
Las localidades que concentran más viviendas de banco tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes (el 31% del total), seguido por los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes (19%). Sólo el 3% del total de viviendas procedentes de entidades financieras a la venta están localizadas en grandes núcleos con una población superior a las 500.000 personas.

Eso sí, en el departamento que dirige el socialista Iñaki Arriola reconocen que la medida no tendrá a priori importantes repercusiones ya que su previsión es que afecte a «poco más de 150 inmuebles». La razón es que no se podrá aplicar a propietarios particulares, sino sólo a personas jurídicas, que atesoran menos del 1% del parque inmobiliario disponible. De hecho, el Tribunal Constitucional desautoriza expresamente cualquier expropiación a personas en situación de emergencia social o inmersas en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria.

Las entidades financieras confirman la escasez de vivienda deshabitada en sus cuentas de resultados. «En nuestra página web tenemos ahora en venta sólo 79», confirmaron desde Kutxabank tras recordar que ya en 2014 firmaron un convenio de colaboración con el Gobierno vasco para ceder 100 pisos a la sociedad pública de alquiler Alokabide. Y tanto desde Caja Laboral como Caixabank calificaron de «irrisorio» su parque inmobiliario sin ocupar.

Desde Vivienda también remarcan que no hay plazos para que el Alto Tribunal dicte sentencia sobre la Ley vasca, aunque confían en que «no se hará esperar demasiado». El objetivo es tener todos los tramites adelantados para que el registro de pisos vacíos entre en vigor «cuanto antes».

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