El Gobierno vasco abre a bancos y fondos los pisos de alquiler público

Una chica consulta unos pisos en una inmobiliaria/E. C.
Una chica consulta unos pisos en una inmobiliaria / E. C.

Cobrarían 600 euros al mes por vivienda cedida, renta a recibir también si compran un millar de casas al Ejecutivo, que las recuperaría a los 50 años

JOSÉ DOMÍNGUEZ

El planteamiento realmente no es nuevo. En 2011 ya se puso sobre la mesa una propuesta similar que acabó descartándose por la polvareda política que levantó la idea de vender pisos del Gobierno vasco a fondos de inversión. Pero la viceconsejería de Vivienda ha decidido retomarla parcialmente como forma de aumentar la oferta de alquiler público y de obtener ingresos precisamente para construir más edificios que destinar a este régimen, que será el pilar central del Plan Director 2018-2020 cuyas líneas estratégicas presentó ayer el departamento. Eso sí, entre ambas iniciativas existen grandes diferencias.

El director de Planificación de Vivienda en el Ejecutivo, Mario Yoldi, explicó que hace seis años se planteaba que estas gestoras privadas se acabarían quedando definitivamente con los edificios públicos que iban a comprar a la administración y luego cederle a cambio de una renta de 700 euros al mes durante 20 años. En la actual oferta el alquiler rondaría los 600 euros y el arriendo podría ser de hasta 50 años, pero la gran novedad es que la venta sólo incluiría del derecho de superficie de modo que, «terminado el medio siglo de cesión en régimen de alquiler público, los pisos volverán a pasar en toda su titularidad a manos del Gobierno vasco». Además, el número también varia notablemente: un millar de casas frente a las 4.000 previstas en 2011.

Por otro lado el propio consejero Iñaki Arriola remarcó que la operación se abre a muchas más opciones. «Estamos trabajando la posibilidad de que estos fondos de inversión, los bancos o las propias promotoras que tengan pisos sin vender o alquilar, los cedan para que los gestione Alokabide por un prolongado plazo de tiempo», que también podría extenderse hasta los 50 años. Igualmente, en este caso la renta rondaría los 600 euros, ·y la garantía pública sería que «cobrarán religiosamente todos los mese durante el tiempo acordado, sin sobresaltos y con el compromiso que se devolverá el piso como nos lo entregaron». «Lo que está claro es que hay entidades financieras de estas características que están apostando por inversiones moderadas, en torno al 5%, y que ven posibilidades en estas opciones, por lo que queremos explorarlas todas para ofertar el máximo número de pisos de alquiler público a la población», puntualizó Yoldi.

Impulso a Bizigune

El responsable autonómico recordó que el departamento está volcado en el arrendamiento, ya que la Ley de vasca Vivienda de 2015 así lo contempla. «El 82% de los 53.000 inscritos en Etxebide apuestan por esta fórmula y debemos darle respuesta», añadió el viceconsejero, Pedro Jáuregui. Además, recordó que la propia norma establece el derecho subjetivo a una vivienda para personas con escasos recursos, «y la previsión es que en 2025 se beneficiarán de esta obligación legal 18.000 familias, para lo que urge movilizar toda la vivienda en alquiler posible». Así, a la construcción de vivienda protegida en este régimen -Visesa levantará 850 en 2018 y otras 250 en venta-, el Ejecutivo apuesta por relanzar el programa Bizigune para sacar a este mercado la vivienda vacía privada. Hoy ya utiliza por esta vía 4.600 pisos. La presentación del plan director contó con la presencia de responsables de instituciones de Cantabria, Cataluña, Canarias, Aragón y Asturias.

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