El futuro de la central de Garoña mantiene divididas a Iberdrola y Endesa

Imagen de la central nuclear de Garoña. / A. G.
Imagen de la central nuclear de Garoña. / A. G.

El Parlamento vasco se suma a ocho entidades e instituciones que han presentado alegaciones a la prórroga de licencia

E. C. BILBAO.

Nuclenor, empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) participada al 50% por Endesa e Iberdrola, no desistirá aparentemente de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de explotación de la plante ante la ausencia de acuerdo entre los dos socios. La falta de consenso de las compañías eléctricas les llevará a que tampoco presenten alegaciones.

Según informaron fuentes empresariales, la junta general de Nuclenor se reunió el miércoles para, entre otros asuntos, someter a votación la propuesta de Iberdrola Generación Nuclear de negarse ante el Ministerio de Energía a solicitar autorización de reapertura de la central. La iniciativa se basaba en un escrito encargado por Nuclenor a un despacho de abogados que analizaba, entre otras cuestiones, su viabilidad económica. Iberdrola alegó que, si no desisten de forma inmediata, existe el riesgo de que el ministerio otorgue a Nuclenor la autorización para reanudar la actividad en la planta. La compañía puede rechazar este permiso hasta el 8 de agosto. Si no lo hace, podría verse obligada a hacer las inversiones necesarias para volver a ponerla en marcha, pese a ser inviable, según la eléctrica.

En esa misma reunión, Endesa Generación se opuso a desistir de forma inmediata y planteó presentar alegaciones pidiendo una serie de condiciones para que la central resulte viable. De no hacerlo se iría contra el valor patrimonial de la compañía. Iberdrola sostiene, en cambio, que no hay alternativa al desistimiento.

Por su parte, el Parlamento vasco anunció también ayer que ha presentado alegaciones al Ministerio de Energía contra la reapertura del reactor burgalés, lo mismo que han hecho el Gobierno dautónomo y la Diputación de Álava. Las tres instituciones vascas se suman así a las otras ocho entidades personadas en el procedimiento, entre ellas los gobiernos de Navarra, La Rioja y Castilla y León.

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