Las farmacias vascas se quedarán sin ventas por valor de 20 millones a las residencias

Un anciano se dispone a tomarse sus medicamentos diarios./Maite Bartolomé
Un anciano se dispone a tomarse sus medicamentos diarios. / Maite Bartolomé

El Gobierno vasco obligará a los centros a crear boticas propias o recurrir al hospital cuando precisen medicamentos

ARANTZA ALDAZ

Los ancianos que viven en residencias son uno de los grupos de pacientes que más medicamentos consumen. El 68% de las personas ingresadas en geriátricos de Euskadi tiene recetados cinco o más fármacos al día, y entre ellos los hay incluso que consumen más de veinte (el 6%). El gasto en recetas, excluidos pañales y productos dietéticos, llegó a veinte millones de euros al año pasado, de los cuales 16,2 corrieron a cargo del Departamento de Salud y el resto lo desembolsó el usuario, vía copago.

Algunas cosas están a punto de cambiar. El Gobierno vasco ha emprendido una reforma del sector farmacéutico en las residencias de mayores de Euskadi, que afectará a 300 centros donde se atiende a casi 20.000 personas. Aunque no se cita de forma explícita, la racionalización del gasto va de la mano. El Departamento de Salud ha presentado ya el borrador del decreto por el que se reorganiza el suministro a las residencias, que dejará de estar exclusivamente en manos de las oficinas de farmacia. Los establecimientos a pie de calle ya no dispensarán directamente los fármacos a los geriátricos públicos. En su lugar, la norma obliga a los centros a crear servicios propios de farmacia en la residencia o bien a adscribirse al servicio de farmacia del hospital más cercano. Las residencias privadas de menos de cien camas podrán elegir entre contar con un depósito de medicamentos, vincularse a una farmacia o bien a un servicio hospitalario.

Salvando las distancias, el suministro de fármacos a las personas ingresadas se asemeja ahora al de cualquier paciente, en el sentido de que es el médico del geriátrico quien firma la receta y luego los trabajadores del centro acuden con ella a la farmacia. La mayoría de boticas tiene contratado personal de farmacia especializado.

Más control

Con la reforma propuesta, la cadena de abastecimiento eliminará en gran parte a las oficinas de farmacia. De ahí procederá el ahorro, como hizo el Departamento de Salud hace dos años con el suministro de absorbentes urinarios (pañales) y productos dietéticos, que ahora se compran directamente a las marcas tras un concurso público.

El Gobierno vasco pretende integrar el servicio farmacéutico en la red sociosanitaria, siguiendo el modelo que puso en práctica la receta electrónica, implantada ya en todas las residencias de Euskadi, subraya el director de Farmacia, Iñaki Betolaza. A través de este sistema, los geriátricos pueden acceder directamente al historial médico del paciente, cosa que hasta hace un par de años no existía, lo que causaba problemas a la hora de actualizar tratamientos después de un ingreso hospitalario. Betolaza extiende ahora esta fórmula a los residentes que toman muchos medicamentos. «El número de prescripciones y de consumo por persona ha aumentado» en paralelo al proceso de envejecimiento, lo que obliga a un control estrecho de los tratamientos.

El director de Farmacia no ha adelantado el ahorro que esta medida supondrá, al eliminarse un intermediario en el suministro de fármacos a las residencias, pero sí señala que la reforma vendrá acompañada de la contratación de personal de farmacia -bien de las oficinas bien del servicio hospitalario- para que presten la atención a las residencias, un aspecto que se está negociando con los colegios profesionales. En términos puramente económicos, el departamento desembolsará un fondo para la contratación de profesionales que pasarán a trabajar dentro de las residencias, aunque lo que falta por determinar es si será personal de la farmacia hospitalaria o de las boticas de calle.

Salud pretende controlar este gasto farmacéutico con un sistema similar al de la receta electrónica

«Impacto» en el empleo

Los farmacéuticos han recibido el borrador del decreto «con incertidumbre», ya que quedan varios aspectos fundamentales por concretarse, entre ellos, quién prestará la atención farmacéutica en las residencias. El presidente del colegio guipuzcoano, Ángel Garay, ha cuestionado que el cambio suponga «un ahorro en recursos humanos, en número de farmacéuticos».

Los boticarios quieren cuantificar cuántas personas están contratadas por las farmacias para prestar el suministro y atención en las residencias. «Es probable que sufran el impacto de la reforma, porque están para desempeñar ese cometido». El coste económico de la medida no solo se ceñirá a la pérdida del suministros, sino que también se espera que haya «un impacto laboral».

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