Las familias pagaron 570 de los 845 millones que cobró el cártel de comedores escolares

Unas asistentes de comedor reparten la comida a los alumnos. /E. C.
Unas asistentes de comedor reparten la comida a los alumnos. / E. C.

La Justicia agota su camino al confirmar el reparto del servicio entre siete empresas, mientras el Parlamento buscará responsabilidades políticas

AMAIA CHICO

El pacto para repartirse los lotes de los comedores escolares en Euskadi ha terminado con indigestión. Primero, para las siete empresas condenadas por distribuirse el mercado durante más de una década. Segundo, para las arcas públicas y para las familias que cofinancian el servicio por el sobrecoste millonario, aún por determinar con exactitud. Y tercero, para un Gobierno vasco -con tres colores políticos diferentes al frente de Educación, EA, PSE y PNV- al que ahora el Parlamento de Vitoria pedirá cuentas por su inacción ante un comportamiento reiterado años yb años, y por el que la Justicia ha decidido rebajar el grado de «culpabilidad» de las empresas y, con ello, las sanciones impuestas. Al final, la multa asciende a 7,3 millones de euros, un 60% de los 18 millones que impuso en su resolución original la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC).

Un desagravio en lo económico que no exculpa a las firmas de catering del fondo de la cuestión: que durante una década concertaron los precios para garantizarse la adjudicación del servicio de comedores. Unos contratos que ascendieron a 845 millones de euros, de los que 273 fueron sufragados por el Ejecutivo vasco y el resto, unos 572, por las familias de los alumnos. Estas, en boca de la asociación Ehige, recordaron el viernes que «es evidente que el fraude ha tenido consecuencias económicas para las familias», después de que el propio lehandakari lo negara en el Parlamento Vasco. «Es falso que se haya producido un sobrecoste millonario para las familias», dijo Iñigo Urkullu.

La multa final impuesta a las empresas condenadas por concertar el reparto del mercado de comedores escolares es de 7,3 millones

De momento, la propia AVC ha cuantificado en unos 7 millones por curso el ahorro que se hubiera logrado con las nuevas reglas de contratación impuestas tras la investigación, lo que supondría un mínimo de 80 millones de sobrecoste generado a las arcas públicas por el amaño de esos contratos. Si la comparación se hace con los precios que las empresas ofertan en el sector privado, el ahorro sería mucho mayor.

El menú de esta trama que comenzó a operar en 2003 y fue destapada en 2014 ha sido extenso. Comenzó a raíz de la denuncia de una empresa que quedó excluida de los lotes ante la Autoridad Vasca de la Competencia, continuó con comparecencias parlamentarias y la modificación de los pliegos para adjudicar el servicio -lo que evidenció el dinero derrochado-, se consumó con la resolución condenatoria dictada en 2016 por el organismo autónomo que ha llevado a cabo la investigación, y se completa con el veredicto de la Justicia, que ha corroborado la concertación en uno de los contratos públicos más apetitosos que cada año adjudica el Gobierno vasco.

Decisión del Supremo

El elevado número de ingredientes -empresas, sanciones, partidos, técnicos, alegaciones...- que han aderezado este menú invita a desmenuzarlos y a analizar cómo se ha desarrollado un caso que, tras la última decisión del Supremo, está a punto de recibir la cuenta y pagar la abultada factura final.

Durante año y medio, los técnicos de la dirección de Investigación de la AVC analizaron la documentación aportada por la empresa denunciante, los pliegos y las condiciones con las que la Administración adjudicó el servicio desde el curso 2003/04 hasta el 2014/15. «De los hechos analizados, podría deducirse la existencia de un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente» y que «propiciaría mejores condiciones para las empresas y aumentaría el coste del servicio de comedor para la Administración y para los usuarios», sospechaba de inicio Competencia. 18 meses después, en febrero de 2016, lo confirmó.

Esta práctica continuada durante una década generó un sobrecoste a las arcas públicas de 80 millones, según Competencia. Si se compara el precio del concurso público con el del servicio de comedores en los colegios privados-concertados, un 30% menor, el sobrecoste podría superar los 200 millones.

Recurso ante el TSJPV

La multa histórica de 18 millones de euros impuesta por Competencia suponía la máxima sanción posible, el 10% de la facturación de cada empresa. Las siete recurrieron la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El TSJPV considera que las firmas de catering pudieron pensar que actuaban «de manera asumible» para «el interés general» al comprobar la falta «de reacción, indagación, prevención o denuncia» de Educación durante todos esos años. Pero el Tribunal Supremo, el último eslabón, ha validado la condena al inadmitir a trámite los primeros recursos presentados por cuatro de las empresas. Se acerca así el fin del camino judicial.

Resuelta la parte administrativa y judicial, la atención se centra ahora en la responsabilidad política. El Parlamento vasco -con los votos de la oposición- va a constituir una comisión de investigación para dirimir por qué hubo dejación por parte de la Administración, quiénes serían los responsables y a cuánto asciende el perjuicio a las familias, que sufragan el 65% de un servicio que ha resultado más caro por falta de competencia.

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