Un ertzaina tiene que asumir la multa de tráfico de un agente al que no supo identificar

Un ertzaina tiene que asumir la multa de tráfico de un agente al que no supo identificar

La comisaría de San Sebastián le atribuyó a él la sanción por no señalar al agente que cometió la infracción con un vehículo policial

DAVID S. OLABARRI

Un jefe de servicio de la comisaría de la Ertzaintza de San Sebastián ha recibido en su domicilio una multa de tráfico por exceso de velocidad impuesta por la Policía municipal de la capital guipuzcoana. Le piden 100 euros por cometer una infracción grave, que podrían haberse quedado en 50 si hubiese pagado en el plazo establecido y sin formular alegaciones. Hasta ahí, nada extraño. Es lo mismo que le podría pasar a cualquier conductor que pisa el acelerador más de la cuenta. Lo curioso es que, aquel día, él no estaba al volante de la furgoneta de la Policía vasca que fue cazada con un radar láser. De hecho, hay constancia de que esa mañana estaba sentado en su despacho organizando las patrullas del turno de mañana.

¿Cómo es posible entonces que la multa haya llegado a su domicilio y que él aparezca como denunciado con nombre y apellidos? Básicamente, porque no supo identificar «a ciencia cierta» al ertzaina que aquel día conducía la furgoneta sin distintivos de la Ertzaintza que fue ‘cazada’ a 68 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50. Y, como consecuencia de ello, la jefatura de la comisaría decidió repercutirle a él la infracción, lo que ha irritado profundamente al jefe de servicio, que está dispuesto a denunciar penalmente a todos los responsables que han participado en esta decisión.

La historia comienza cuando la multa del Ayuntamiento de San Sebastián a este vehículo oficial llega a las dependencias del Departamento vasco de Seguridad. El escrito llegó aquí porque el Ejecutivo vasco figura como titular del vehículo en los archivos oficiales y el Consistorio guipuzcoano le daba un plazo de 20 días para que identificase al infractor. El objetivo era poder enviar a la persona que había cometido el exceso de velocidad la sanción correspondiente. Según la normativa en vigor, si el dueño del vehículo no identifica al conductor recibirá una nueva multa con recargo que penaliza la negativa a desvelar la identidad completa del infractor. Una multa de 68 euros, por ejemplo, se puede transformar así en una penalización de hasta 318 euros.

La clave

100
euros es el importe de la sanción por exceso de velocidad que se podría haber quedado en 50 euros si se hubiese pagado en el plazo establecido. La furgoneta sin distintivos de la Ertzaintza fue ‘cazada’ por un radar láser circulando a 68 kilómetros por hora en San Sebastián en un tramo limitado a 50.

En estas circunstancias, se remitió entonces una comunicación a la comisaría de San Sebastián preguntando quién conducía la furgoneta aquel día. Y se cuestionó en concreto al jefe que estaba al frente de las operaciones aquella mañana. Este ertzaina contestó que no podía afirmar «a ciencia cierta» quién «hizo ese día uso de este vehículo» y, por lo tanto, añadió que no podía «identificar al conductor del mismo».

Cientos de multas

La sorpresa llegó cuando, hace apenas dos meses, este agente recibió en su domicilio particular una multa a su nombre remitida por el Ayuntamiento de San Sebastián. En el escrito se le atribuye «circular a mayor velocidad de la permitida». Era exactamente la misma sanción que había llegado al Departamento de Seguridad para que identificase al conductor, pero en esta ocasión aparecía ya él como el responsable de la infracción. Le piden que pague de su bolsillo 100 o 50 euros, si hace frente al expediente en el plazo establecido.

Las multas a coches oficiales del Gobierno vasco han levantado ampollas en el seno de la administración. Tal y como desveló este periódico en 2007, durante años los coches oficiales sin distintivos del Ejecutivo han acumulado cientos de multas de tráfico impuestas por otras instituciones. La Administración no identificaba a los infractores, que se libraban del castigo económico y también de la pena administrativa que puede suponer la retirada de puntos del carné de conducir. En el caso de la Ertzaintza, en 2014 se puso en marcha una circular interna dirigida a atajar este problema que estableció los pasos a seguir cuando la administración recibe una multa de tráfico y que establecía que los agentes deben pagar de su propio bolsillo las multas que no puedan «justificar» de forma clara y precisa por razones de servicio.

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