Cuando los jueces deciden en lugar de los padres

Cuando los jueces deciden en lugar de los padres

Los juzgados de familia no dan abasto. En caso de discrepancia entre los progenitores, deben resolver casos tan capitales como el destino de un diente o un traje de comunión

JAVIER GUILLENEA

Porque lo dice un juez y porque insiste en que es verdad, solo por eso uno hace el esfuerzo de creer que hay gente capaz de pleitear por un diente de leche o unas lentillas. Y no son casos aislados. Los juzgados de familia de toda España están registrando un aumento de conflictos planteados por parejas divorciadas que no se ponen de acuerdo sobre la educación de sus hijos, las actividades extraescolares, los gastos económicos, el traje de la comunión y cualquier tipo de asunto que les sirva para mantener viva la llama de su odio. Como dice Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona y profesor de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Pompeu Fabra, «los juzgados se han convertido en un campo de batalla, en un ring gratuito que el Estado pone a disposición de los divorciados».

Un ejemplo. «Hubo un proceso por la propiedad del diente de leche que se le había caído a un niño», cuenta Ortuño. El diente se le cayó al pequeño cuando estaba con su padre, que puso la pieza dental bajo la almohada a la espera del ratón Pérez. Ahí empezó la trifulca porque al día siguiente la madre se indignó con su ‘ex’ y le echó en cara lo del ratón, que, según insistía ella, debía haber visitado su casa y no la de él. La mujer reclamó el diente pero, al parecer, ya se lo había llevado el tal Pérez y así, de reproche en reproche, la ‘ex’ acusó al hombre de haber hecho todo lo posible para que el hijo perdiera el incisivo que se le movía y le denunció por malos tratos.

«Los juzgados se han convertido en un campo de batalla para los divorciados» Pascual Ortuño, Juez de familia

Otro caso ejemplarizante. Una expareja fue a juicio porque no se ponía de acuerdo sobre una cuestión tan trascendental como las lentillas para esquiar de su hija. Se trataba de dirimir si su compra constituía un gasto ordinario o no, en cuyo caso había que pagarla a medias. Las lentillas valían 86 euros, una cantidad que requirió la puesta en marcha de la maquinaria judicial. Pascual Ortuño no recuerda a favor de quién falló –«creo que al final el padre tuvo que pagar la mitad»–, pero sí que en su sentencia hizo mención «al gasto que los ciudadanos habían pagado con sus impuestos para que se celebrara el juicio».

Es lo que José Luis Utrera, juez de familia en Málaga y autor del libro ‘Guía para un buen divorcio’, llama «familia judicializada», un fenómeno que amenaza con saturar los juzgados y que, en fechas concretas como el comienzo del curso escolar o los meses previos a las comuniones, se convierte en la pesadilla de los jueces. Serán ellos quienes deberán decidir en qué colegio estudiarán los hijos de una pareja divorciada o quién pagará sus libros de texto. Son los que determinarán qué es un gasto ordinario, del que se hace cargo el progenitor que tiene la custodia de los hijos, o extraordinario, que corre a cuenta de ambos padres.

En una reciente sentencia, una más de las muchas que pueblan nuestra jurisprudencia, la Audiencia de Murcia sostiene que el padre que no tiene la custodia de los niños no está obligado a pagar libros de texto y recuerda que los medicamentos, el comedor del colegio y el material escolar son gastos ordinarios. Es este un grupo en el que se hallan incluidos todos los gastos que se consideran indispensables para el cuidado y educación de los hijos, como los de la enseñanza obligatoria y universitaria o la ropa de diario y el uniforme escolar.

«A algunos niños los conozco desde los 3 años. Ya tienen 16 y siguen viniendo» José Luis Utrera, Magistrado

Gastos extraordinarios son los que tienen un carácter excepcional, imprevisible y necesario y que, por ese mismo motivo, no están incluidos en la pensión alimenticia que el no custodio debe abonar mensualmente. Este grupo es un saco sin fondo en el que se incluyen los gastos sanitarios no cubiertos por la SeguridadSocial, las clases de apoyo escolar, actividades extraescolares como idiomas o ballet, viajes de estudios o incluso el traje de la comunión.

El banquete

Para que un gasto sea considerado extraordinario es esencial que el progenitor no custodio haya dado su consentimiento previo. Esta es una condición que parece facilitar las cosas a la hora de determinar si una factura se paga a medias o no, pero no siempre ocurre así. La mayor parte de las demandas que examinan los juzgados de familia españoles tienen que ver con el impago de las pensiones alimenticias o de los gastos extraordinarios.

Cada caso es distinto, ese es el problema. Lo que para una familia con recursos económicos puede ser un gasto normal, para otra es excepcional; y lo que para uno de los progenitores puede ser urgente y necesario, como la visita a un médico privado, para el otro es algo superfluo. En teoría, el convenio regulador en el que una pareja establece las condiciones de su divorcio debería arrojar luz sobre lo que ambos consideran extraordinario, pero no sucede así. Nadie puede prever cómo evolucionarán en el futuro las relaciones de una pareja que acaba de separarse. También hay que tener en cuenta que a la hora de divorciarse muchos firman el primer papel que les ponen delante sin apenas darse cuenta de lo que están haciendo. Y luego pasa lo que pasa.

El abogado Carlos Herráiz, miembro del gabinete jurídico de la Asociación de Padres Separados, recuerda casos de hombres que firmaron el convenio regulador sin leerlo y que años después se encontraron con una desagradable sorpresa. «Asumieron sin saberlo los gastos del traje de la comunión y el banquete, y cuando llegó el día ni fueron invitados». Y aún tuvieron suerte, porque una firma estampada sin mirar y sin consultar a un abogado puede ser un error de esos que se pagan muy caros. «Se están firmado convenios que son auténticas condenas civiles de por vida; yo he visto algunos en los que el no custodio se compromete a pagar los gastos desde la guardería», afirma Herráiz.

«Se están firmando convenios que son condenas civilesde por vida»

LOS REPETIDORES

300.000
casos relacionados con rupturas familiares se registran anualmente en España.De ellos, alrededor de 100.000 son procedimientos repetitivos, es decir, de parejas que ya han pasado alguna vez por el juzgado para arreglar sus continuos conflictos tras el divorcio. Hay exparejas que han llegado a recurrir hasta diez veces a los tribunales.Son las que forman parte del fenómeno bautizado como ‘la familia judicializada’, una nueva especie de litigantes que está inundando las salas de vistas del país.
Pérez trae cola
Se ha registrado hasta un proceso por la propiedad del diente de leche que se le había caído a un niño.

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