Desmontar la central nuclear de Garoña costará más de 10 años

Los trabajadores piden al Gobierno y a la empresa «motivación, sosiego y estabilidad laboral»; y dicen que no hay acuerdo aún sobre prejubilaciones

Los trabajadores continúan estos días con su actividad normal de mantenimiento de la planta, a la espera de que sea desmantelada.
Los trabajadores continúan estos días con su actividad normal de mantenimiento de la planta, a la espera de que sea desmantelada. / J. Andrade
Fermín Apezteguia
FERMÍN APEZTEGUIA

Las tareas para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzaron ya ayer sobre el papel, apenas 24 horas después de que el Gobierno de Rajoy acordase su cierre definitivo al cabo de casi cinco años de inactividad. Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, anunció que está preparando ya la documentación necesaria para solicitar que se desmonten las instalaciones y, tal y como indica la ley, su transferencia de titularidad, que pasará de Nuclenor a la propia Enresa, compañía pública encargada de la liquidación.

El proceso no será sencillo, pero dada la experiencia acumulada con la retirada de otras dos centrales, Vandellos 1, en Tarragona, y la de Zorita, en Guadalajara, las primeras estimaciones apuntan a que las tareas se prolongarán más de diez años. Una parte de la plantilla de Garoña, aún difícil de cuantificar, pasará de realizar las tareas de mantenimiento que ha estado haciendo en los últimos años a dedicarse a este nuevo cometido. El comité, por ello, pidió ayer tanto a la compañía Nuclenor como al Gobierno central que les garanticen «motivación, sosiego y estabilidad laboral» para el tiempo que comienza ahora para todos ellos, un proceso «difícil» y que necesita de total «seguridad».

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La demolición de Santa María de Garoña se presupuestó en 135 millones en 2003, cuando comenzó a prepararse su final, pero cálculos recientes han corregido esa cifra al alza para situarla por encima de los 200 millones. Es prácticamente la misma inversión que hubiera necesitado la empresa que comparten al 50% Iberdrola y Endesa para adaptarla a las exigencias de las autoridades europeas y españolas en materia de seguridad para continuar en activo.

Las tareas, como adelantó ayer EL CORREO, están ya básicamente diseñadas y se recogen en un informe en manos del Ministerio de Industria desde 2011. Hay que desmontar equipos, derribar edificios, descontaminar terrenos y materiales y, lo que es más importante, separar los residuos radiactivos de los convencionales para trasladarlos a distintos lugares para su tratamiento.

Almacenes de residuos

De momento, en el «periodo de transición» que comienza, según explicó Enresa, la propietaria de las instalaciones seguirá siendo Nuclenor. La compañía deberá encargarse de acondicionar los residuos que resulten de la operación y efectuar la descarga del combustible gastado que permanece en la piscina después de que fuera extraído de la vasija del reactor en 2012. Ese combustible se confinará en los contenedores que le facilitará la empresa pública para su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central.

En su contexto

200 millones de euros
se prevé que, como mínimo, costarán las tareas de desmantelamiento de la central de Garoña. El coste estimado es similar a las inversiones necesarias para su reapertura.
Pago compartido
El desmontaje de Garoña se pagará entre las eléctricas Iberdrola y Endesa -socias de Nuclenor- y la empresa pública Enresa. Nuclenor financiará el acondicionamiento inicial de los residuos y el confinamiento del combustible gastado en un almacén temporal.
Toneladas de residuos
Las primeras estimaciones apuntan a que el desmantelamiento de las instalaciones atómicas del valle de Tobalina generarán más de 100.000 toneladas de escombros, de las que unas 4.000 serán restos radiactivos, casi todos de baja o media actividad.
218 toneladas de restos de alta actividad
almacena la piscina de la central burgalesa. Están formados por uranio y otros productos, cuya actividad tardará hasta 6.600 años en desintegrarse.
65.000 euros diarios
La falta de consenso político mantiene bloqueada la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos (ATC) de Cuenca. La basura nuclear de Vandellos I tuvo que ser enviada a Francia, país al que España paga por ello 65.000 euros al día.

Ahí permanecerá hasta que sea conducido a otro espacio mucho más grande, el llamado Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), donde se guardarán los residuos de alta actividad generados en toda España. ¿Cuándo ocurirá eso? De momento, no se conoce la fecha. El proceso de subasta pública de la obra se encuentra paralizado, a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) conceda los permisos pertinentes y analice los informes que apuntan a que el suelo del lugar elegido para el cementerio nuclear no es el adecuado.

Mientras todo eso ocurre, desde el punto de vista administrativo Enresa tendrá que presentar al Ministerio de Energia un 'estudio básico de estrategias para el desmantelamiento de la central de Garoña', previo al plan definitivo, que deberá ser autorizado por el CSN. De manera paralela, la compañía pública gestora de los residuos radioactivos deberá elaborar otro estudio de impacto ambiental de los trabajos.

El PP asegura que «no repercutirá en la factura de la luz»

El cierre del reactor burgalés no implicará una subida del suministro eléctrico y lo corrobora el hecho de que la planta lleva desconectada de la red casi cinco años, según aseguró ayer el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo. «Garoña ha permanecido cerrada durante mucho tiempo y nunca ha repercutido sobre la factura de la luz, por lo que tampoco lo hará ahora», enfatizó el dirigente del PP. A su partido, según dijo, «le hubiera gustado tomar otra decisión», pero «la situación política en que vivimos no goza del consenso necesario para ello, sino todo lo contrario».

El proceso que arrancó ayer se prevé «largo y difícil», al menos desde el punto de vista laboral, según el comité de empresa de Garoña, que difundió un comunicado al término de una asamblea general de trabajadores. Los empleados se comprometieron a seguir trabajando «con todo el esfuerzo y profesionalidad, sin cuestionar en ningún caso que la prioridad es la seguridad de la planta».

Para afrontar el desmantelamiento, los empleados de Nuclenor necesitan «motivación, sosiego y estabilidad laboral», según recordaron tanto a la empresa como al Gobierno. Al ministro de Energía, Álvaro Nadal, le afearon que anunciara en su rueda de prensa del martes la existencia de un «plan social acordado con los trabajadores», que contempla prejubilaciones y recolocaciones, cuando sólo hay «una declaración de intenciones», no un acuerdo.

López de Uralde advierte que «aún quedan los residuos nucleares»

(Por Francisco Góngora)

«El problema de Garoña no ha terminado. Después del cierre quedan los residuos nucleares, muchas toneladas de material altamente contaminado que habrá que gestionar. Y como demuestran accidentes recientes, no están exentos de riesgo», manifestó ayer el coportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde.

El conocido activista ecologista, calculó que el desmantelamiento de las instalaciones de Santa María de Garoña durará al menos veinte años, «lo que es una buena noticia para el empleo en la zona», y comparó este hecho con lo que se realiza en Zorita tras su cierre. «Allí se ha terminado ya el 80% de su demolición y fue cerrada en 2006», precisó.

En cuanto al coste del desmontaje, el líder de Equo dijo que es difícil de estimar, aunque los cálculos oficiales lo sitúan en torno a los 200 millones de euros. «En cualquier caso, será alto, hablamos de cientos de millones», apostilló.

López de Uralde insistió en el riesgo evidente que todavía existe. «Los residuos nucleares son un 'debe' que dejan las empresas nucleares al Estado. Ha habido y hay accidentes de todo tipo con estos materiales. Hace dos meses hubo una explosión en un cementerio nuclear en Estados Unidos. En Fukushima fueron los residuos los que agudizaron las consecuencias del accidente», añadió.

Por otro lado, aseguró que con el cierre de Garoña «comienza el principio del fin de las nucleares en España», lo que supone que se abre el debate hacia la «transición energética» para sustituir esta energía por las renovables. López de Uralde criticó que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aludiese a la falta de consenso político como una de las razones para no prolongar la vida de esta planta porque, a su juicio, «si alguien utilizó políticamente Garoña fue el PP, que lo usó como caballo de Troya para alargar la vida de las nucleares».

«Una historia esperpéntica»

Las reacciones al anunciado cierre definitivo de la planta atómica del valle de Tobalina continuaron ayer desde el ámbito político. La presidenta del PSOE y exconsejera del CSN, Cristina Narbona, calificó ayer de «esperpéntica» la historia de la clausura en referencia al empeño del PP de cumplir su promesa electoral de mantener abierta Garoña mientras gobernase, «pese a la evidente falta de consenso social y político y las reticencias de Nuclenor» y a hacer un «traje legal a medida» para reabrirla.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, solicitó el desmantelamiento inmediato de la central al cumplirse cinco años de su cierre provisional. También propuso crear una comisión interinstitucional de seguimiento del proceso .

«El trabajo que viene ahora es delicado y requiere mucho cuidado»

Francisco Castejón - Físico nuclear y ecologista

(Por Pablo Guillenea)

El cierre definitivo de la central nuclear de Garoña abre un periodo de reflexión sobre el futuro energético español. Francisco Castejón, físico nuclear, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro del Movimiento Ibérico Antinuclear, valora el impacto que la clausura puede tener en las fechas de vencimiento de los permisos de explotación del conjunto de plantas del Estado y advierte que desmantelar las instalaciones burgalesas será un «proceso delicado» que puede «durar 20 ó 30 años».

- ¿Supone el cierre de Garoña la prueba de la efectividad de la presión ciudadana?

- Yo creo que absolutamente sí. Ha sido una demostración de que podemos echar un pulso a un gobierno como el del Partido Popular, que está a favor de la continuidad nuclear. También a la industria nuclear, que en el caso de Garoña ha estado más dubitativa después de que Iberdrola se pronunciara a favor del cierre. Podemos echar ese pulso y podemos ganar. Y es que las dudas de Iberdrola tienen mucho que ver con la presión ciudadana. Podemos decir que la demanda de más seguridad, más transparencia y más democracia que cunde en la ciudadanía se estira también al sector nuclear y gracias a eso hemos conseguido que se paralice definitivamente Garoña.

- ¿Qué podemos esperar ahora del resto del parque nuclear?

- Garoña ha sido, en cierto sentido, la piedra de toque. Se trata de una central pequeña, vieja y amortizada que no les preocupa mucho. Desde 2012 nosotros ya preveíamos que Garoña tenía los días contados, y hemos hecho mucho hincapié en el cierre también de la central nuclear de Almaraz, la segunda más antigua del Estado. Estamos a favor del cierre nuclear de forma escalonada según se vayan cumpliendo sus permisos de explotación.

- ¿Es eso posible?

- Desde el punto de vista técnico, sí. En España, aunque las nucleares produzcan aproximadamente el 20% de la electricidad, en términos de potencia instalada supone menos del 10% del total. Sin embargo, este tipo de electricidad funciona porque la fijación de precios del mercado eléctrico español favorece la entrega de las centrales nucleares. Son perfectamente prescindibles y no solo eso, sino que suponen un freno a la transición hacia un modelo energético que tenga una participación masiva de renovables.

- ¿Cuáles son los pasos a dar?

- La posibilidad que tenemos de conseguir esto depende mucho de la correlación política. Pienso que la ciudadanía está claramente a favor del cierre escalonado de nucleares y lo que hay que hacer es que eso se traduzca en presión sobre los partidos políticos para que tomen nota. De las decisiones que se adopten de aquí a 2024 dependerá el futuro energético español. Una prolongación del funcionamiento de las centrales hasta los 60 años, como defiende el PP y la industria nuclear, sería condenarnos a un modelo energético basado en estas plantas y con una penetración muy limitada de renovables.

Combustible gastado

- El Gobierno habla de un incremento del 25% de la factura de la luz de cerrarse el campo nuclear.

- Ese es un dato simplemente falso. Hay que hacer el cálculo con cuidado para ver cuál sería el precio final. En realidad, sin tomar ninguna medida correctora, no subiría más que un 5%. Pero claro, tras el cierre de las nucleares habría que tomar medidas de ahorro y eficiencia energética. En primer lugar para disminuir los consumos y en segundo lugar para favorecer la inclusión de renovables, con lo que el precio no subiría; es más, si ese 20% de energía nuclear que se produce lo sustituímos por ahorro y renovables, llegaría a bajar.

- El desmantelamiento es un proceso largo. ¿Hasta qué punto es delicado y cuáles son los riesgos?

-Efectivamente, es un proceso delicado que hay que hacer con mucho cuidado y que puede llevar entre 20 y 30 años. El primer paso a dar al desmantelar una central nuclear es sacar el combustible gastado de la vasija, algo que en Garoña ya se hizo en 2012. Ahora lo que toca es que Nuclenor realice un plan de desmantelamiento y al cabo de un par de años entraría Enresa, que se haría cargo de la central. Además contrataría la mayor parte de trabajadores para el desmantelamiento de la plantilla de Garoña, porque son quienes se acuerdan de los episodios radiológicos que haya podido tener la central.

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