Costas inicia los trámites para demoler el histórico hotel Miramar de Castro

Hotel Miramar. / E.C.

El Consistorio no puede asumir la inversión para rehabilitar el edificio, cuya expropiación forzosa se ha anunciado ya en el BOE

SERGIO LLAMASCastro

Los nueve años de recursos y las peticiones para salvar el histórico hotel Miramar, en la playa Brazomar de Castro Urdiales desde hace 75 años, y al que la ley de Costas ha condenado por tener 542 de sus 875 metros cuadrados sobre suelo de dominio público marítimo terrestre, no han evitado que Demarcación de Costas haya decretado su demolición. Este pasado lunes el BOE recogía el levantamiento de las actas previas a la expropiación forzosa del terreno. Sus propietarios tienen que comparecer en el Consistorio el 13 de noviembre.

En 2008, el Ministerio de Medio Ambiente declaró la caducidad de la concesión de las instalaciones, y dos años más tarde se aprobó el proyecto de demolición. Los propietarios agotaron la vía judicial para tratar de salvar el inmueble y reunieron 8.000 firmas de apoyo. También el Ayuntamiento se comprometió a ello. En julio de 2015 aprobó por unanimidad una moción con este fin.

Claves del proyecto

El hotel:
Tiene 34 habitaciones y un comedor para 180 comensales.
Derribo:
Dará continuidad al paseo marítimo.
Inversión:
Costas ha consignado 211.000 euros para los trabajos de derribo y 840.000 de indemnización.

Sin embargo, esta semana el alcalde, Ángel Díaz Munío (de Castro Verde), reconocía sus pocas esperanzas de lograr una solución y la imposibilidad de afrontar la inversión de entre 1,5 y 2 millones de euros necesaria para indemnizar a los dueños y rehabilitarlo para que una empresa se haga cargo de su gestión. «Una idea era convertirlo en balneario, como el de La Perla en San Sebastián, pero es necesaria una inversión privada», defendió la portavoz del grupo, Elena García Lafuente.

Expuesto al mar

García recordó que el edificio, cerrado en 2013, está expuesto al mar. «Todos los inviernos se rompe la cristalera y es un peligro. Este verano hemos tenido que vallar la zona por ello». La concejal del PP Ana Urrestarazu criticó que «no se ha trabajado lo suficiente», ya que ni siquiera se elaboró un presupuesto. La edil aseguró que «aunque la ley de Costas limita mucho las posibilidades, siempre hay alternativas».

El Colegio de Arquitectos de Cantabria, que desde el principio concienció sobre el error que sería derribar el edificio -exponente de la arquitectura racionalista de los años 20 y 30-, pidió una labor de restauración para devolverlo a su estado original. «No soy nada optimista, pero vamos a tratar de volver a hablar con las administraciones competentes para detener la demolición», apuntó su decano, Ignacio Villamor.

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