El Constitucional avala expropiar a los bancos pisos que estén sin habitar más de dos años

El Constitucional avala expropiar a los bancos pisos que estén sin habitar más de dos años
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El tribunal ratifica en parte una ley navarra de 2013

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a que las comunidades autónomas puedan imponer sanciones y llegar a expropiar una vivienda que sea propiedad de la banca si ese inmueble ha permanecido sin habitar durante un plazo determinado de tiempo que, en el caso de Navarra, se encuentra establecido en dos años. Los magistrados de la Corte de apelación han respaldado parte de la Ley Foral de 2013 por la que se aprobaban medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda frente al recurso presentado por el Gobierno central, en el que consideraba que, con esta y otras medidas de la norma, se invadían competencias estatales.

La ley navarra establece la posibilidad de que el Ejecutivo de la comunidad pueda expropiar las casas que formen parte de la cartera inmobiliaria de los bancos y que no tengan uso real durante dos años. Para ello, establece, además, una multa que va de los 30.000 a 300.000 euros por tratarse de una infracción muy grave. En su recurso, el Gobierno alegaba no solo que la ley discriminaba a personas jurídicas -las entidades- frente a los propietarios particulares, lo cual podría ser inconstitucional, sino que además con esas ejecuciones se interfería en la efectividad de las medidas de ámbito estatal.

Pero el Pleno del Constitucional ha rechazado por unanimidad esa parte del recurso al considerar que, su demanda, el Gobierno «no ha aportado datos objetivos», sino solo «previsiones» sobre el efecto negativo que esta medida podría causar sobre el futuro de las entidades financieras, así como en el proceso de desinversión de inmuebles confiado a la Sareb -el banco malo-. «No hay una base cierta» que permita declarar esa inconstitucionalidad. Eso sí, la sentencia cierra la puerta a que los pisos se expropien por razones de interés social vinculadas a desahucios de personas en situación de emergencia.

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