Condenan a siete empresas vascas por pactar el precio de los menús escolares

Cada día, las empresas de catering contratadas por el Gobierno vasco dan más de 93.000 menús escolares. /michelena
Cada día, las empresas de catering contratadas por el Gobierno vasco dan más de 93.000 menús escolares. / michelena

El Tribunal Superior censura la «pasividad» de Educación durante una década, pero baja la sanción de 18 a 7,3 millones

AMAIA CHICO

Se cierra el círculo. La Justicia confirma que siete empresas ya sancionadas por la Autoridad Vasca de la Competencia participaron en el pacto de los comedores escolares por el que se repartieron el mercado durante más de una década. Y subraya que esa práctica supuso «ventajas» para las firmas de catering y un perjuicio económico tanto para las arcas públicas del Gobierno vasco como, por extensión, «para las familias de los alumnos de la red pública», que sufragaron hasta 95 millones de euros por curso, teniendo en cuenta que podrían haber sido sensiblemente inferiores.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto el recurso que faltaba sobre tres de las siete empresas implicadas, las englobadas en la cooperativa guipuzcoana Auzolan. Y repite la misma argumentación utilizada con las otras cuatro, tanto a la hora de corroborar que existió «concertación» entre ellas, como a la hora de rebajar en un 60% las multas millonarias impuestas a cada una por la Autoridad Vasca de la Competencia, debido a la «pasividad» mostrada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco de 2003 a 2014, cuando la responsabilidad cayó en tres partidos: EA, PSE y PNV.

La sentencia se conoce un día después de que el Parlamento vasco -con los únicos votos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP)- diera luz verde a una comisión de investigación para determinar posibles responsabilidades políticas, las que no dirime Competencia en su resolución; y para intentar cuantificar ese daño económico, estimado en más de cien millones.

El fallo del Tribunal Superior solo estima parcialmente el recurso presentado por las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui contra la resolución de Competencia, que les implicaba en la práctica fraudulenta. El tribunal, al igual que resolvió en los recursos de las otras cuatro empresas en julio del año pasado, desbarata las alegaciones de las tres firmas y considera que participaron en la «concertación» del mercado de comedores. Y, con todos los fallos judiciales en la mano -cuatro en total-, rebaja de 18 millones a 7,3 la multa original que impuso la AVC en 2016.

La razón que justifica esa decisión es, de nuevo, la actuación -o mejor dicho, la ausencia de la misma- del Gobierno vasco. El TSJPV exculpa al Departamento de Educación, que entre 2003 y 2015 estuvo en manos de hasta tres partidos diferentes, de «legitimar» la práctica fraudulenta. Pero considera «reseñable» que durante todo ese tiempo «no conste reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra alguna» por parte de los responsables de ordenar y adjudicar los contratos, pese a que «sistemáticamente y año a año» los lotes fueran a parar a las mismas manos.

El tribunal no juzga «el proceder administrativo», pero sí estima que el hecho de no poner objeciones a las empresas adjudicatarias «puede haber contribuido a que la culpabilidad» de las mismas «se haya visto sensiblemente minorada», ya que podían deducir que su actuación «era asumible» en favor de «un funcionamiento estable del sistema de gestión de los comedores escolares».

Es decir, el Alto Tribunal vasco cree que existen indicios «rotundos» que confirman que las empresas pactaron su actuación para garantizarse durante años unos contratos millonarios, de más de 800 millones, que les reportaron no solo estabilidad, sino «ventajas en costes, personal o servicio...». Al mismo tiempo, limita su responsabilidad al considerar que la pasividad de la Administración ayudó a que reiteraran la práctica durante once años. El mismo argumento con el que el tribunal tumba las justificaciones de los catering pone en evidencia la actuación del Gobierno vasco: El indicio de concertación es de «tan enorme poder de convicción y consistencia (...) que prácticamente priva de eficacia a cuantas explicaciones puedan argüirse sobre la espontaneidad del resultado o sobre su producción natural por causa del diseño del sistema de adjudicación».

Indicios rotundos

El TSJPV completa así -a falta de la última instancia judicial (el Supremo) ante el que cabe aún recurso de casación-, una investigación que se inició en 2014. La Autoridad Vasca de la Competencia abrió expediente a las empresas ahora condenadas tras la denuncia de una firma de la competencia, y la comprobación de que «existían indicios» de que las siete se estaban repartiendo el mercado de los comedores escolares. Año y medio después, Competencia impuso una multa histórica de 18 millones -rebajados al 40%-, y ahora la Justicia acaba de cerrar el círculo confirmando la práctica irregular.

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