Autónomos denuncian que algunas oficinas de Lanbide les niegan la RGI

Oficina de Lanbide.

Piden una reunión con el Servicio Vasco de Empleo para que divulgue por los centros su derecho a este subsidio social, «como cualquier otro colectivo»

MARÍA JOSÉ CARRERO

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que los empleados de algunas oficinas del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide les niegan la renta de garantía de ingresos (RGI). El objetivo de esta prestación es garantizar unos ingresos mínimos a parados, jubilados con pensiones muy bajas y personas con empleo pero que perciben sueldos muy cortos. En estos dos últimos casos, la ayuda es la diferencia entre sus salarios y la cuantía que se considera necesaria para vivir con cierta dignidad: 682,76 euros mensuales cuando se trata de una sola persona y 775,87 si se es pensionista.

Según la UPTA, algunos empleados de Lanbide «nos dicen que los autónomos no tenemos derecho», asegura el portavoz de la organización vinculada a la UGT, Mikel Sola. Añade que los propios autónomos «desconocen» que pueden acceder a esta prestación económica cuando cumplen los requisitos «como cualquier otro ciudadano» y, por ello, demandan al Servicio Vasco de Salud que realice una campaña informativa en este sentido. Para conseguirlo, han solicitado una reunión con el director de Lanbide, Borja Belandia, a quien pedirán que se divulgue el derecho del colectivo a percibir la RGI «cuando se dan las condiciones para ello».

«Está dicho en la web»

Un portavoz autorizado del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, del que depende Lanbide, informó ayer de la disposición de los responsables del organismo para «volver a entrevistarse» con los representantes de los autónomos. Sin embargo, los mismos medios anunciaron que el Servicio Vasco de Salud no realizará ninguna campaña específica de información, del mismo modo que no la hace «para ningún colectivo». Añaden que la página web de Lanbide «explica claramente los términos para acceder al derecho» a cobrar esta prestación.

La denuncia de UPTA tiene lugar tres semanas después del aplazamiento de un juicio protagonizado por un baracaldés al que negaron la prestación en una oficina de su municipio. Se trata de un joven que trabaja como profesor de kárate pero cuyos ingresos mensuales no llegan al umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La incomparecencia de los trabajadores de Lanbide a la vista oral motivó que fuera pospuesta.

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