Urkullu cree que encarcelar a los líderes soberanistas complica la solución

Urkullu cree que encarcelar a los líderes soberanistas complica la solución
EFE

El lehendakari, que confiaba en un posible acuerdo que evitara aplicar el 155, considera «preocupante» el envío a prisión de Sánchez y Cuixart

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

El auto de prisión para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición echó un jarro de agua helada sobre las esperanzas del Gobierno vasco y el PNV, que confiaban hasta entonces en que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont pudieran alcanzar aún algún tipo de acuerdo que permita evitar la aplicación del controvertido artículo 155 de la Constitución.

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El análisis del EBB, reunido como cada lunes, fue claro en ese sentido, aunque previo a las detenciones de los dos activistas que han liderado el soberanismo catalán en las calles. Unos arrestos que, evidentemente, admiten los nacionalistas a la espera de hacer este martes una valoración más reposada, en nada contribuyen a propiciar una salida dialogada a la crisis. «Cataluña necesita diálogo, no detenciones. Defender ideas pacíficamente nunca puede ser motivo de prisión en una democracia», tuiteó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. En una línea similar, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, denunció que el encarcelamiento de los dos líderes independentistas «ni es propio de una democracia europea ni contribuye al diálogo y la solución». También en redes sociales, el lehendakari Urkullu denunció que con el auto de la jueza se haya propiciado un «escenario de enfrentamiento» que, advirtió, puede desembocar en un «tensionamiento social» que en nada ayuda a generar el necesario clima de «distensión» y a restaurar la convivencia. «Es una mala noticia», zanjó el jefe del Ejecutivo de Vitoria, convencido de que «judicializar la política en un ámbito penal» resulta siempre «preocupante». «Apelamos a la proporcionalidad en la aplicación de la Justicia», subrayó.

El análisis previo había sido sensiblemente más optimista. Para los burukides, la respuesta del Gobierno central a la carta de Puigdemont en la que el president evita aclarar si ha declarado o no la independencia, ponía de manifiesto que Mariano Rajoy ha optado por ganar tiempo en lugar de hacer una lectura dura que prepare ya el terreno para sustituir por funcionarios del Estado a los responsables de la Presidencia catalana, la Hacienda o los Mossos. «No se han tomado por ninguna de las dos partes decisiones irreversibles, hay una oportunidad para el diálogo», apuntaban en la ejecutiva jeltzale antes del auto de prisión. Una sensación positiva alimentada por la decisión de la misma jueza, pasadas las seis de la tarde, de dejar en libertad con medidas cautelares al mayor de la Policía autonómica catalana, Josep Lluís Trapero, en lugar de decretar prisión para él como solicitaba la Fiscalía. «Habría sido impresentable. Su encausamiento no tiene sentido», reaccionó Esteban.

Una ventana

El intercambio epistolar entre Rajoy y Puigdemont hizo cundir en el PNV la impresión de que la crispación y la protesta callejera se apagaban para «abrir una ventana a la política». El lehendakari y su partido confíaban todavía en que, hasta el vencimiento del segundo plazo del requerimiento de Rajoy a Puigdemont, la tensión siguiera rebajándose. Por si quedaban dudas de que el PNV deseaba devolver el debate a su terreno, mañana mismo, según anunció el partido, Esteban preguntará al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno cuándo piensa llevar al Congreso los pactos para aprobar una nueva Ley Quinquenal del Cupo y renovar la Ley del Concierto, que deben ser refrendados por la Cámara baja, «tal como establece el propio ordenamiento jurídico».

Esteban preguntará a Montoro cuándo llevará a las Cortes los pactos sobre el Concierto y el Cupo sesión de control

En Ajuria Enea y en Sabin Etxea se esperaba que La Moncloa pudiera eludir las respuestas vagas de la Generalitat con un informe jurídico que confirmara, como se recoge en el acta del propio pleno del Parlament, que la independencia no ha sido declarada. Y que Puigdemont, por su parte, se aviniera a convocar elecciones como mal menor para salir del atolladero.

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