Las «trampas» y «manipulaciones» de la ley del referéndum de Cataluña

Puigdemont conversando ayer con el exconseller destituido Jordi Baige, poco antes de la toma de posesión de su sustituto. / Efe

Expertos en Derecho Constitucional arremeten contra el proyecto impulsado por la Generalitat para proclamar la independencia

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

Para los expertos en Derecho Constitucional, la ley de referéndum presentada ayer hace aguas por todas las esquinas. El profesor de la UPV Javier Tajadura y el catedrático Alberto López Basaguren coinciden en alertar de las «trampas» y «manipulaciones» en que incurre la norma elaborada por el gabinete jurídico de la Generalitat. Las fallas más evidentes, en su opinión, radican en el pretendido amparo de la legalidad internacional al derecho de autodeterminación y en el propio armazón jurídico del texto -carácter vinculante, censo, mesas, sindicatura electoral, renuncia a establecer un mínimo de participación para proclamar la independencia-, que, advierten, quedará en agua de borrajas porque en ningún caso esa pretendida legalidad catalana podrá «prevalecer» sobre la española.

Lo más escandaloso del texto, para ambos juristas, es la apelación a tratados internacionales firmados por el propio Estado, y, sobre todo, a la doctrina de la comisión de Venecia, el órgano consultivo del consejo de Europa creado tras la caída del muro de Berlín. Los independentistas subrayaron ayer que ese organismo propone no fijar un mínimo de participación en las consultas para evitar boicots. «Lo que no dicen es que la comisión de Venecia ha proclamado claramente que ningún país podrá convocar referendos que no estén amparados por su Constitución», desmonta Tajadura.

López Basaguren ahonda en el asunto y recalca que los secesionistas apelan al código de buenas prácticas elaborado por la comisión para referendos consultivos ordinarios y legales pero esconden una «idea básica clave», que ese órgano no considera el referéndum «como elemento indispensable de los estándares democráticos europeos». Incluso, abunda, la comisión de Venecia ve «legítimo» que se incorporen requisitos de participación y mayorías cuando afecten a la soberanía de los Estados.

«La comisión de Venecia solo admite referendos amparados por la Constitución», advierten

Y ese supuesto, recalcan ambos expertos, está regulado por la resolución de 1960 de la ONU, que contempla la autodeterminación para los pueblos en situación de «dominación colonial» y otra posterior de 1970 (la Declaración de Relaciones de Amistad), que contempla la ‘remedial secession’ (secesión como remedio) cuando ocurran graves vulneraciones de los derechos humanos. Fue el caso de Kosovo, que se esgrime en Cataluña como ejemplo.

La autoproclamación de la ley como «suprema» y suficiente para procurar seguridad jurídica a los funcionarios que la apliquen también provoca perplejidad en los expertos. «Para reformar el Estatuto catalán hace falta una mayoría de dos tercios que no tienen, con lo cual la desobediencia sería a leyes orgánicas y ordinarias vigentes», subraya Tajadura. Basaguren advierte de que, más allá de las multas e inhabilitaciones, la ley remite a «delitos mucho más graves penados con cárcel». «Soberano es aquel que tiene capacidad para imponer el cumplimiento de las leyes. ¿Acaso tiene el Parlament poder político para aplicar sus leyes por encima de las españolas?», se pregunta. «El Gobierno central tiene el privilegio procesal de impugnar cualquier ley autonómica con efectos suspensivos. Si llega a aprobarse durará horas», sentencia Tajadura.

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