Un trago amargo para el PNV

El macrojuicio por corrupción en el ‘caso De Miguel’ le salpica de forma directa al partido de Ortuzar

Un trago amargo para el PNV
Tonia Etxarri
TONIA ETXARRI

A partir de hoy, después de siete años desde que se produjera la primera detención, veintiséis procesados en el ‘caso De Miguel’ se sentarán en el banquillo para dar cuenta ante la justicia de su presunta implicación en la trama de comisiones por obras públicas. Un caso de tráfico de influencias y cobro de comisiones ilegales enmarcado en las prácticas de corrupción que la mayoría de partidos que han ostentado el poder en este país han terminado por aplicar de forma individual o colectiva. No se ha salvado ni el PSOE, ni el PP. Ni la antigua Convergència. Ni el PNV al que este caso que hoy se empieza a juzgar le obligó a desprenderse del lastre que suponían algunos responsables políticos, mucho antes de que la imputación por corrupción supusiera una ‘línea roja’ para desempeñar cualquier cargo público.

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Después de una instrucción tan compleja y laboriosa, llega por fin la hora de la verdad. Quien estuvo destinado a ser la cabeza visible del PNV en territorio alavés, Alfredo de Miguel, tendrá que explicar su grado de implicación en la presunta trama de empresas pantalla para derivar comisiones obtenidas ilicítamente en torno al Parque Tecnológico de Álava y a administraciones gobernadas por el PNV. Como los ex burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Porque la Fiscalía le pide a De Miguel 54 años de prisión por la comisión de más de veinte delitos entre los que se incluye el cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, malversación y falsificación de documentos. Nada menos.

Los 21.000 folios del sumario implican a otros 25 altos cargos de la administración alineados, en su día, con el sector más radical del PNV por los que dio la cara Egibar, más centrado en criticar la «intencionalidad política» del juez, a pesar de que el PNV tuvo que exigir a los acusados que entregaran el carné del partido porque la presión pública no les había dejado otro camino.

Estamos ante el macrojuicio por corrupción en Euskadi que salpica al PNV. Este proceso que durará nueve meses y en el que tendrán que prestar declaración unas 150 personas, aclarará si la presunta trama actuó en beneficio propio o en el del partido. O las dos cosas, como en el caso de los comisionistas de la antigua Convergència. Pero el hecho de que hoy se sienten en el banquillo exresponsables nacionalistas supone un duro golpe para el PNV, un trago amargo que rompe el discurso del lehendakari Urkullu sobre la transparencia y la honradez de los políticos vascos.

El Partido Nacionalista Vasco empezó reaccionando como todos los partidos salpicados por corruptelas. Aislando los casos de quienes se aprovechan de las influencias de las siglas para enriquecimiento propio o/y organizativo. Para ubicarlos en el terreno personal y evitar, así, la contaminación política. Cuando exigieron la devolución del carné, hablaron de hechos «chapuceros, asquerosos e indecentes». Pero con el paso del tiempo han ido desviando la carga de la prueba hacia la Justicia. Llegando a insinuar su politización y presionando al juez instructor, Roberto Ramos, hasta tal punto que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, salió en defensa de este juez en sus años de instrucción calificando su labor de «honrada» y de «alta calidad». En el auto judicial quedó «indiciariamente» acreditada la existencia de una red organizada para conseguir contratos de manera irregular «en administraciones o entes públicos gobernados por el PNV». ¿Qué hacía el ‘número dos’ del partido en Álava actuando con tanta sensación de impunidad como para llegar a utilizar el email de la Diputación para reclamar abiertamente una comisión de 100.000 euros? De eso, entre otros delitos, está acusado De Miguel. Una extorsión del 4% que terminó destapando la trama.

El PNV, incómodo con este proceso, insiste en que no se trata de financiación ilegal de su partido y que pueden existir casos puntuales de comportamientos presuntamente ilícitos «que necesitan ser aclarados». Se mueve entre el respeto a este juicio y sus descalificaciones a la instrucción. De momento este caso de presunta corrupción no le ha pasado ninguna factura electoral. Lejos de sufrir una respuesta de castigo en las urnas, sigue disfrutando de su cómodo primer puesto. Cuando haya sentencia, si es condenatoria, ¿cuál será la respuesta del PNV? ¿Acatará las conclusiones o arremeterá contra la Justicia? ¿Dependerá de quién sea el portavoz?

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