El 21-D no fue la solución

Cataluña se enfrenta a un horizonte de incertidumbre tras las elecciones de ayer, en las que volvió a salir de las urnas la imagen de una comunidad partida en dos entre los partidarios de la independencia inmediata tras la frustrada experiencia del 'procés' y los defensores de conservar un régimen de autogobierno al amparo del Estado constitucional. Los primeros conservaron la mayoría absoluta en escaños en un Parlamento que deberá determinar si persiste en su fracasado desafío rupturista. Pero, al margen de la ilegalidad de esa opción y de los daños evidentes que ya ha causado a la comunidad, hay un hecho incuestionable que no se puede pasar por alto: más de la mitad de los catalanes se inclinaron por opciones contrarias a la secesión. Como tampoco cabe obviar que la fuerza política más votada fue Ciudadanos, la gran sorpresa de la jornada, cuya candidata -Inés Arrimadas- supo aglutinar buena parte del apoyo constitucionalista. Mientras, el PSC se quedaba por debajo de sus previsiones y el PP sufría un batacazo histórico que inevitablemente salpicará a Mariano Rajoy, el gran perdedor de la jornada, y debilitará a su Gobierno. La aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia no ha sido explotada por los populares y ha movilizado al máximo a los independentistas. Junto a Arrimadas, el gran vencedor del 21-D ha sido Carles Puigdemont. El destituido presidente de la Generalitat ha dado la sorpresa al imponerse a sus antiguos socios de Esquerra en el frente nacionalista y recibir el aval de las urnas para encabezar una candidatura del secesionismo pese a su autoexilio en Bélgica y a los cargos que pesan sobre él, que supondrán su ingreso en prisión provisional si regresa a España. «La república catalana ha ganado a la monarquía del 155», proclamó anoche, visiblemente crecido. Los resultados electorales repiten prácticamente el reparto de fuerzas previo a los elecciones entre los dos bandos enfrentados. Al Parlamento corresponde ahora investir al presidente de un nuevo Gobierno, de perfil previsiblemente independentista, que deberá decidir si lanza un nuevo órdago rupturista, con los riesgos de todo tipo que ello conllevaría, o reconoce que ese objetivo carece de sentido con una mayoría de los ciudadanos en contra -ayer lo atestiguaron las urnas-, al margen de la ley y sin ningún respaldo institucional. El más mínimo sentido de la responsabilidad debería primar en esa elección, que será determinante en el futuro inmediato de la comunidad y en el de toda España.