Los soberanistas desoyen a los tribunales y abren la campaña

Más de 8.000 personas, según los organizadores, abarrotaron anoche la plaza de toros de Tarragona. / REUTERS

Puigdemont y Junqueras participaron anoche en un mitin multitudinario en Tarragona a pesar de que el Gobierno advirtió de que era ilegal

CRISTIAN REINO

Ni los avisos del Gobierno, ni las querellas de la Fiscalía, ni la advertencia del Constitucional de que debe paralizar todos los preparativos. El independentismo se ha instalado en la desobediencia y anoche escenificó en Tarragona que va a por todas y que se prepara para el «combate» final contra las instituciones españolas, en un escenario que calificó de «Estado de excepción» y de «golpe de Estado del miedo», según el presidente de Ómnium Cultural, por parte de las fuerzas políticas españolas y los poderes estatales.

Las cuatro principales organizaciones de jueces firman un comunicado conjunto contra el 1-O

El soberanismo está determinado a llegar hasta el final en su desafío y ayer se conjuró unido a no doblegarse a los tribunales españoles con tal de conseguir el objetivo de que el 1 de octubre haya urnas en los más de 900 municipios catalanes y se abran de par en par las puertas de la república catalana. El PDeCAT, ERC, la CUP, la ANC, Omnium y la AMI –el soberanismo político y el civil–, dieron el pistoletazo de salida a la campaña electoral del referéndum con un mitin, protagonizado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que se celebró bajo la advertencia del Gobierno, que horas antes del inicio avisó al responsable de la plaza de toros de Tarragona –la Diputación de Tarragona– que celebrar el acto podría ser constitutivo de un delito. «Este es el mitin legal más importante de la historia de este país», afirmó el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Según los organizadores, 8.000 personas abarrotaron el Tarraco Arena; otras 3.000 se quedaron fuera.

En su discurso, el presidente de la Generalitat dijo que el proceso de ruptura no tiene marcha atrás. «¿Alguien cree que no votaremos?», retó al Gobierno. «¿Qué tipo de gente se creen que somos los catalanes? Somos demócratas», remató. Puigdemont cargó contra la España «franquista», según las palabras de la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. «Nosotros no perseguimos urnas, no cerramos webs, no amenazamos a los alcaldes, ni usamos las cloacas del Estado», remató.

El dirigente nacionalista aprovechó la incertidumbre que rodeaba al acto para hacer un paralelismo entre su celebración y la viabilidad y la determinación con el 1-O. «Dijeron que no haríamos este acto; pues no solo lo hemos hecho, sino que por la gente que se ha quedado fuera podríamos haberlo hecho dos veces», exclamó. Puigdemont cargó además contra Rajoy, por insinuar que cortarán la luz el día de la votación para impedir la consulta. «Los que cortan la luz a los colegios electorales son los que cortan la luz a los hogares vulnerables», resaltó. «Hemos nacido para ganar la república», afirmó Junqueras.

Consecuencias

El independentismo, que ha programado un millar de actos hasta el 1-O, se plantea la campaña desde dos ópticas. Por un lado, como un desafío al Ejecutivo central y a los poderes del Estado, para visualizar su determinación de seguir hasta el final digan lo que digan los tribunales y los fiscales. Y por otro, porque necesita insuflar moral a la tropa soberanista, que ante tanta actuación del Gobierno y de la Fiscalía empieza a temer que el referéndum no pueda celebrarse.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña precisaron que quien tenía que ordenar el cierre del acto era el juez. Eso sí, añadieron que está por ver si la campaña puede transcurrir sin prohibiciones y que los organizadores del mitin de ayer se tendrán que atener a las consecuencias.

A las voces contra el 1-O se unió ayer la de las cuatro organizaciones mayoritarias de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a ciudadanos y a funcinarios a no cumplir ninguna orden que conduzca a organizar y participar en el referéndum, ya que una autoridad que se «rebela» contra el ordenamiento jurídico y actúa de forma «totalitaria» no tiene que ser obedecida.

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