Santamaría dice que ahora el problema del soberanismo es quién firma las leyes

Soraya Sáenz de Santamaría.
Soraya Sáenz de Santamaría.

El Gobierno garantizaque está listo para actuar con «firmeza»y «proteger» a los catalanes del «proyecto autocrático» de los secesionistas

NURIA VEGA

Tanto si la Generalitat pretende que las leyes de desconexión se aprueben vía parlamentaria, como si resuelve hacerlo por decreto-ley, el Gobierno central cree que hay una verdad incontestable: las dos normas serán recurridas ante el Tribunal Constitucional. «Las han registrado en el Parlamento de Cataluña, tenemos los textos, y podríamos hacerlo ahora mismo si las pusieran encima de la mesa», confirmó ayer Soraya Sáenz de Santamaría. Pero en el PP catalán intuyen que el bloque secesionista aún esperará para dar luz verde al marco legal.

Las dos partes tienen decidido, al menos en términos generales, cómo van a proceder a partir de ahora. Lo que significa, apuntan fuentes populares, que los partidos independentistas son conscientes de que un recurso ante el Constitucional paralizaría la ley del referéndum y la de transitoriedad de manera inmediata. Es por eso que en el PP sospechan que el PDeCAT y Esquerra tratarán de dilatar al máximo los tiempos para que el primer choque de trenes se produzca en fechas próximas al 11 de septiembre. Un pronunciamiento del Alto Tribunal días antes de la Diada podría servir a la Generalitat para garantizarse una movilización masiva en las calles de Cataluña a favor de la ruptura.

En este sentido, TV3 aseguró anoche que el Parlament aprobará en su próximo pleno del 6 y 7 de septiembre la ley del referéndum y que el president Carles Puigdemont podría firmar «inmediatamente después» el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. La televisión autonómica apuntó que la inclusión de la aprobación de este texto y de la ley de transitoriedad jurídica en el pleno se haría probablemente a través de una alteración del orden del día de la sesión.

Hasta ahora, el Gobierno confiaba en que las inhabilitaciones del expresident Artur Mas, o del exconsejero de Presidencia Francesc Homs por impulsar la consulta del 9 de noviembre de 2014, hubieran tenido algún efecto disuasorio. La vicepresidenta insistió, de hecho, en la «responsabilidad» del dirigente político que dé el paso definitivo y rubrique las normas de desconexión. «Aquí ahora el problema -subrayó- es quién pone la firma a esas dos leyes que son contrarias a la Constitución». Y también la Mesa del Parlamento catalán, con la presidenta Carme Forcadell al frente, podría correr riesgos si autoriza su tramitación.

Llegados a este punto, en el Ejecutivo no descartan ya ningún escenario. Sáenz de Santamaría denunció ayer la falta de «vergüenza democrática» de la Generalitat con su proyecto encaminado a proclamar la república de Cataluña. «La ley de transitoriedad es un producto propio de otras latitudes», censuró. «En España, con una democracia consolidada, que alguien pretenda constituir una autocracia y que el presidente de la Generalitat lo sea sobre el Parlamento y los jueces y dinamite la división de poderes, me parece que es un producto aberrante», añadió.

El Ejecutivo cuenta con el respaldo del PSOE y Ciudadanos para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. Pero Mariano Rajoy reclamó ayer también al resto de formaciones ser conscientes de la «gravedad del desafío» secesionista. El presidente avanzó que su Gabinete actuará con «la firmeza que requiere la magnitud de la provocación» del plan independentista. Y ofreció «protección» a los catalanes frente a un «proyecto autocrático liderado por radicales».

El diputado del PDeCAT Carles Campuzano, sin embargo, cuestionó que la actitud imperturbable del presidente para gestionar todo el conflicto sirva para afrontar los retos de la sociedad.

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