Sánchez acordó con el PNV abrir una «nueva etapa» en Euskadi y Cataluña

En apenas 48 horas desde el primer Consejo de Ministros, y a pesar de que hasta hace poco Sánchez se mostraba crítico con las actitudes «racistas» del presidente de la Generalitat y apoyaba mantener las medidas de control sobre el gasto en Cataluña, el nuevo Gabinete socialista ha pisado el acelerador para hacer efectiva la «distensión» que acordó con los jeltzales. Desde el viernes, ha presentado como un gesto de «confianza» el final de la intervención de las cuentas de la Generalitat -ligado en realidad al levantamiento del 155-, ha dado muestras de que recibirá a Torra en tiempo récord y ha puesto sobre el tapete una reforma territorial de la Constitución.

Mucho tiene que ver también en el espectacular giro de Sánchez el respaldo que los soberanistas catalanes brindaron a la moción de censura. En Sabin Etxea tienen claro que el presidente está obligado a «cultivar el diálogo» con todos aquellos que le auparon a La Moncloa si quiere gozar de una mínima «estabilidad» hasta 2020. Pero también, apuntan otras fuentes jeltzales, a Sánchez le ayuda la posición igualmente favorable del PDeCAT -y su líder Marta Pascal- y de ERC al cese de hostilidades. Las direcciones de ambos partidos han logrado, de momento, imponerse a la estrategia de confrontación abanderada por Puigdemont. «Se han agarrado a Sánchez como a una boya para salir del torbellino», analiza una fuente jeltzale.

Más allá de que la modificación de la Carta Magna defendida por Batet no deja de ser un brindis al sol por la imposibilidad de reunir las mayorías reforzadas que la propia Carta Magna exige, el debate sobre la reforma del modelo autonómico ha vuelto a colocarse en el epicentro de la política española. Y el PNV, que hace solo dos meses se preparaba para «resistir» y poner a buen recaudo el Cupo y el Concierto ante el auge de Ciudadanos, se ve ahora en disposición de lograr nuevos réditos en forma de transferencias pendientes e incluso, está por verse, un acercamiento de presos de ETA u otros avances en materia de convivencia que hagan rentable electoralmente el llamativo cambio de caballo.

La reforma constitucional no es, en todo caso, el terreno donde los nacionalistas vascos depositan sus esperanzas. En primer lugar, porque lograr los consensos necesarios parece misión imposible. Y, además, porque Sabin Etxea siempre ha recelado de participar en un debate que, se teme, podría ser contraproducente. No en vano, la Constitución ya recoge la reserva de los derechos históricos a la que el PNV apela para defender la bilateralidad como eje de la reforma del Estatuto vasco. Los jeltzales ya han comunicado a Sánchez que solo participarán en la comisión territorial si la reforma se plantea con un «objetivo final claro», que, como aclaró ayer el portavoz de Urkullu, Josu Erkoreka, debería ser que las aspiraciones de autogobierno de las «naciones sin Estado» puedan verse satisfechas. Joseba Egibar apuntó, además, que el meollo debería ser la legitimación de Euskadi y Cataluña como «sujetos políticos» con capacidad de decisión.

Un debate etéreo que parece mucho más lejos de materializarse que el del cumplimiento íntegro del Estatuto, al que el Gobierno vasco dará prioridad. Así se lo ha planteado Urkullu a Sánchez ya por carta y en la breve conversación protocolaria que mantuvieron el viernes. Erkoreka, que aplaudió el «cambio de actitud» que aprecian en el Gobierno, confió en que esa reunión, aún sin fecha, se produzca «antes que tarde» y que además la presencia del PSE en el Gabinete facilite el «clima de entendimiento» para acelerar los traspasos del régimen económico de la Seguridad Social y de Prisiones. Los jeltzales confían en que puedan intensificarse los contactos y se convoque la comisión mixta. «Hay un pacto entre el PNV y Sánchez, que nos ha reconocido como socios preferentes, y eso debería traer cosas buenas para todos», apuntan.