Respaldo desde el PNV

El fiscal jefe de Álava carga contra los jeltzales, sin citarles, por hacer posible la trama corrupta de ‘Txitxo’ De Miguel

Respaldo desde el PNV
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha sido en los últimos siete años blanco de duras críticas desde el PNV. Su ‘pecado’, intentar desentrañar, junto al juez Roberto Ramos, la ‘trama De Miguel’, el mayor escándalo de corrupción que se ha destapado hasta la fecha en el País Vasco.

Unas veces el motivo de la censura era que las investigaciones se dilataban demasiado en el tiempo. Otras, sobre todo recientemente, que la petición de penas para los 26 encausados -casi todos exburukides, ‘exfontaneros’, militantes y exmilitantes del PNV-, resultaba a todas luces «desproporcionada».

Tras la intervención de los abogados de los procesados en la vista oral que arrancó la semana pasada en la Audiencia de Álava, ayer era el turno del ministerio público. E Izaguirre se mostró tan irónico en las formas como claro y contundente en el fondo de su exposición.

El fiscal jefe negó que exista razón alguna para descartar pruebas clave y menos aún para anular el juicio. Ponderó el excelente trabajo realizado por los ertzainas que han intervenido en el caso, algo que curiosamente, o no tanto, no han hecho con semejante claridad sus mandos políticos del PNV.

Pero fue más allá. Sostuvo que nos encontramos ante una «trama» real con tal «poder» que se permitía reclamar comisiones ilegales «no desde callejones oscuros sino desde correos electrónicos oficiales de la Diputación de Álava, sin ningún tipo de vergüenza ni decoro». Y que no actuaba «aisladamente» ni por «calentones». Estaba «amparada» por todo el ‘establishment’», lanzó categórico.

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra ‘establishment’ como «grupo de personas que ejerce el poder en un país». En este caso, el PNV. Sigla que, eso sí, el fiscal evitó deslizar en su exposición.

La formación jeltzale ha tenido un comportamiento cambiante en relación al ‘caso De Miguel’. Cuando se destapó el escándalo, el EBB entonces presidido por Urkullu, y la Diputación alavesa, encabezada por Xabier Agirre, reaccionaron de manera ejemplar. Exigieron y lograron la dimisión de todos sus cargos de los principales encausados. Además les reclamaron la entrega del carné de militante, lo que sólo consiguieron meses después y previa intervención de Joseba Egibar, cabeza visible del sector más independentista del partido, con el que se alinean casi todos los encausados.

Pero con el paso del tiempo, los peneuvistas han ido mostrándose crecientemente comprensivos con los procesados, muy críticos con la Fiscalía y nada con las presuntas fechorías de sus compañeros. En especial, Egibar y los suyos. También Ortuzar o Suso, presidente del ABB. Menos otros como el diputado general alavés, Ramiro González.

Casi todos ellos, también el lehendakari Urkullu, han coincidido en poner en valor que el PNV no está acusado de ser el destinatario último de toda o parte de las ‘mordidas’ que presuntamente se embolsaron De Miguel y los suyos. A diferencia de lo ocurrido con el Palau de la Música de Barcelona y Convergència.

El juicio debe confirmar si los encausados cobraron las comisiones de que se les acusa, con el evidente plácet de decenas de compañeros del partido. Bastante más difícil parece que vaya a aclararse, pese al excelente trabajo de Izaguirre y Ramos, si el dinero se lo repartían sólo los procesados o ‘alguien’ más.

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