con reparos, pero justicia

La sentencia parece un tanto benévola, pero las supuestas presiones no van a evitar que Urdangarin acabe entre rejas

Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. /
Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma.
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Desde ciertos ámbitos de la izquierda y, sobre todo, nacionalistas se lleva a cabo en los últimos años una evidente campaña de descrédito de la Justicia española. No se trata de ninguna casualidad. En especial en el caso de ciertos dirigentes soberanistas. Tiene un objetivo nítido, cual es el de poner en cuestión uno de los pilares de nuestro Estado de derecho, y a ello dedican sus esfuerzos.

La operación les resultaría bastante más complicada si los dos grandes partidos que se han repartido el poder desde la desaparición de la UCD, en los albores de la Transición, es decir el PP y el PSOE, no se hubieran esforzado en politizar la Justicia hasta extremos difícilmente soportables. A coartar su independencia para acercarla a sus intereses. Con la consiguiente pérdida de credibilidad.

La corrupción era, es, la gran prueba de fuego para verificar si con todas esas impurezas nuestro Poder Judicial todavía merece crédito. Si aún es recuperable. Y dentro de ese largo listado de corruptelas un sumario se presentaba como especialmente significativo: el denominado 'caso Nóos' que salpica nada menos que a la hija del Rey emérito y hermana del actual monarca, a Cristina de Borbón, y sobre todo a su marido, Iñaki Urdangarin.

Pues bien, a pesar de tantos pesares. A pesar de tantas presiones, más intuidas que probadas, la Audiencia de Palma juzgó y sentenció el caso hace unos meses. Ayer fue el Tribunal Supremo quien emitió su veredicto definitivo.

Resultado final: Urdangarin, yerno y cuñado de reyes, está a un paso de dar con sus huesos en la cárcel por sus evidentes chanchullos económicos. Hoy debe comparecer en Palma para recibir la orden de ingreso en prisión. Ingreso que sólo evitará si recurre el fallo al Constitucional y éste decide paralizar la ejecución de la sentencia hasta que emita un fallo, lo que no suele ser usual en los casos de condenas que rebasan el lustro. En su caso son cinco años y diez meses de presidio. La infanta Cristina de Borbón tan sólo tendrá que pagar 136.950 euros de multa por su responsabilidad como partícipe a título lucrativo de los chanchullos de su marido.

El juez Castro, el veterano profesional del Derecho que con su tenacidad logró sentar en el banquillo a los exduques de Palma, lamentaba ayer el fallo del Supremo por demasiado «benévolo». En efecto, a muchos que como yo no somos profesionales del Derecho, también nos parece que Urdangarin ha recibido un castigo menor. Y aún cuesta más entender que la infanta doña Cristina vaya a ver saldadas sus responsabilidades con una multa.

Pero no es menos cierto que la Justicia española, esa que tan intencionadamente viene siendo denostada desde siglas que aspiran, legítimamente, a escindir a Euskadi y Cataluña, ha sido capaz de llegar hasta el final contra alguien que perteneció a la Casa Real. Contra alguien que ha sido letal para el prestigio de la Monarquía.

Otros países de nuestro entorno europeo no pueden decir lo mismo. Por más que en algunos de ellos hayan aparecido indicios de conductas penalmente reprobables.

¿Un consuelo menor? No. Un primer paso para restablecer la plena independencia y sólo así el prestigio de nuestro Poder Judicial. Con permiso de unos partidos que siguen empeñados en seguir metiendo la mano y algo más donde nunca debieron.

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