reformar para mejorar

El debate del cambio en la Carta Magna se debe abordar sin improvisación ni urgencias

Asistentes a la recepción que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución. /EFE
Asistentes a la recepción que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución. / EFE
Tonia Etxarri
TONIA ETXARRI

A punto de que la Constitución se nos ponga ‘cuarentona’ (ayer se conmemoraban los 39 años de su vigencia) y con la anuencia de todos los partidos políticos sobre la conveniencia de reformarla, la clave de su adaptación a los nuevos tiempos está en el consenso. Pero la composición actual del Congreso de los Diputados y el peso de la tensión provocada en Cataluña dan que pensar que este es un debate que hay que afrontar sin improvisaciones ni urgencias para no caer en el riesgo de la voladura del único marco jurídico que ha facilitado la estructura del Estado de las autonomías más avanzado de Europa. Rajoy se declara dispuesto a debatir sobre la reforma constitucional si los demás presentan propuestas claras y se mantiene la soberanía nacional. En ese cometido podrán coincidir PP, PSOE y Ciudadanos, con matices. Pero los nacionalpopulistas catalanes quieren abordar la reforma para destruir lo que ellos llaman el «régimen del 78». Y ahí sí que saltaría el consenso por los aires con las consecuencias de inestabilidad política que acarrearía una reforma sin apoyo suficiente.

El PNV se ubica en otro escenario aunque ahora diga que participaría en el debate si se trata la «cuestión» vasca y catalana. Es decir: si se reconoce a las dos comunidades como naciones. Un planteamiento que no tiene sentido abordar ‘en pareja’ salvo que el momento electoral que vive Cataluña aconseje la alineación coyuntural para acumular fuerzas. Lo cierto es que, hasta ahora, los nacionalistas vascos se habían limitado a puntualizar que con la disposición actual se podría introducir una mención a que Euskadi es una nación sin mayores cambios porque «hay marco suficiente». Así se lo explicó Andoni Ortuzar a Pedro Sánchez el pasado verano. Pero con la tensión catalana saben que no se puede concebir un debate express. No hay quórum suficiente aún. Y si la Constitución del 78 obtuvo el 88% de aprobación de los votos emitidos (y el 90% en Cataluña), hay que tomar esa referencia para mejorarla.

A la espera de que se despeje la maleza catalana. O no. La campaña, después del órdago del juez Llarena al prófugo Puigdemont, retirando la euroorden de su detención, ha dado una vuelta de tuerca hacia la incertidumbre. Mientras el expresident decide si elige quedarse a vivir en el extranjero los próximos 20 años o vuelve a España para ser juzgado como todos sus compañeros de gobierno, los mensajes victimistas de los independentistas van subiendo de nivel. Siguen con la cantinela de que en este país hay presos por ideas políticas cuando en realidad hay políticos presos porque se saltaron la legalidad. Acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia en unos casos y de haber sido responsables de actuaciones violentas como el asedio que sufrieron los funcionarios judiciales y los vehículos de la Guardia Civil durante el registro de la Consejería de Economía, en otros. Hechos concretos. Delitos concretos. De ahí que el precio de la libertad condicional sea no volver a delinquir. Carme Forcadell lo entendió a la primera. Puigdemont, no. Quiere impunidad para volver de su exilio imaginario a Cataluña. Seguir atacando la integridad territorial y no tener que rendir cuentas ante la Justicia. ¿Les explicará algún día a sus compañeros por qué huyó dejándolos solos ante el Tribunal Supremo? Para eso también sirve la Constitución. Para no permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda.

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