la reforma no es el camino

Mitigar la tensión territorial exigirá algo más que abrir el melón constitucional

Pedro Sánchez preside el primer Consejo de Ministros./EFE
Pedro Sánchez preside el primer Consejo de Ministros. / EFE
Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

La primera 'semana fantástica' de Pedro Sánchez ha sido pródiga en gestos de alto impacto como ofrecerse como puerto seguro para centenares de inmigrantes a la deriva o tender la mano a los irredentos catalanes para reformar la Constitución y recuperar pedazos anulados del Estatut durante su famoso cepillado. Desde luego, Sánchez está bien asesorado y ha logrado despertar una corriente de ilusión por el cambio que ha vuelto a descabalgar al noqueado Albert Rivera del título de favorito en las encuestas. Pero los retos que el Gobierno del PSOE pone sobre la mesa revisten tal complejidad que podrían convertirse en un bumerán. Centrémonos en la reforma constitucional, que la ministra Batet -el reverso luminoso de Borrell en el Gobierno- presentó como un intento sincero de resolver la «crisis» territorial y dar encaje a Cataluña.

Pero el caramelo no cuela. Ha sido recibido por los nacionalistas con la sonrisa amable y displicente de quien recibe una píldora que sabe que es un placebo. O, aún peor, que puede provocar serias contraindicaciones. Es el caso del PNV, que, pese a su recién estrenada sociedad preferente con Sánchez, no ve cambios de calado que de momento justifiquen su participación en la comisión territorial del Congreso. Sabin Etxea tiene muy claro que solo se implicaría si la reforma tuviera el objetivo claro -y plausible- de reconocer la plurinacionalidad del Estado. Pero las mayorías reforzadas de tres quintos que la propia Carta Magna exige para su modificación y el ineludible concurso del PP les hacen huir como de la peste. Para qué poner en marcha la hormigonera, se preguntan, si no hay muro que construir. Los jeltzales temen que la comisión se convierta en una competición electoral entre el PP, Ciudadanos y el PSOE de la que no salga nada bueno para Cataluña y mucho menos para Euskadi. El texto del 78 ya contempla la reserva de los derechos históricos, a la que los nacionalistas vascos se agarran para exigir una relación de tú a tú con el Estado. En esa clave hay que entender la reacción del lehendakari, entusiasta en apariencia, pero que en el fondo se remitía a la idea de 'convención constitucional' que ya defendió ante empresarios madrileños y catalanes del Ibex 35. Se trata de una figura con tradición en los sistemas anglosajones en la que los representantes políticos pactan una interpretación de su norma máxima para cubrir lagunas.

Se trataría, para el lehendakari, no tanto de abrir un melón resbaladizo como de hacer una relectura con suficiente manga ancha. De ahí que la clave para mitigar la tensión territorial no sea tanto la reforma, sino la posibilidad de revertir viejos agravios (Zapatero se ha referido a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut en 2010) sin crear otros nuevos. Ésa era la máxima del canadiense Dion, uno de los 'padres' de la Ley de Claridad. Con el nacionalismo, ni concesiones ni agravios. Está por ver cómo de difícil lo van a poner los catalanes y si de verdad han regresado al posibilismo. Ayer le dieron calabazas a la comisión porque, dicen, ya han pasado esa pantalla. «La Constitución está muerta», proclamó el republicano Tardà. Vienen curvas.

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