Recurso pertinente

El mundo jurídico estará expectante a lo que diga el TC sobre la aplicación del 155

Recurso pertinente
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Pablo Iglesias confirmó ayer que su grupo presentará el lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las medidas acordadas al amparo del artículo 155 de la CE. Es una decisión pertinente y muy importante tanto en términos políticos como jurídicos, pues en estos momentos nadie sabe con la mínima seguridad exigible a una norma constitucional qué contenido material cabe dentro del precepto que recoge la ‘coacción estatal’, sin que con dicha interpretación se vulneren otros principios, entre ellos el derecho al autogobierno de las nacionalidades.

Desde el punto de vista político está claro que la decisión de activar el mecanismo del control del Estado sobre Cataluña ha resultado muy controvertida, especialmente para la sociedad catalana, donde la mayoría de los ciudadanos rechazan su aplicación. Es cierto que, tras la aplicación de las medidas, el rechazo no se ha expresado a través de la desobediencia y la rebelión, pero ello no transforma el rechazo pasivo en consentimiento. En este sentido, seguro que la iniciativa de Podemos será bien acogida y situará a la candidatura de En Comú Podem en una posición más atractiva, convirtiéndose en una referencia clave de la oposición efectiva al 155. También en Euskadi será bien vista la iniciativa, pues permite canalizar un sentimiento de solidaridad a los catalanes y puede ayudar a clarificar jurídicamente cuáles son los límites del Estado en el control del autogobierno vasco.

Los expertos constitucionalistas y el mundo jurídico en general también estarán expectantes de lo que resuelva el Constitucional sobre el fondo del asunto, siempre que admita a trámite el recurso, pues el primer obstáculo, según cómo se formalice la impugnación, puede ser el de la recurribilidad del acto. En este sentido, parece claro que las medidas acordadas al amparo del 155 son susceptibles de control de constitucionalidad, pero lo que sería objeto del recurso es el acuerdo del Senado autorizando las medidas, y no el acto del Gobierno de aplicación de las mismas.

Ante la inexistencia de pronunciamientos del Constitucional sobre la materia, la mayoría de los autores que han estudiado y profundizado sobre el tema eran favorables a una interpretación restrictiva de las facultades de intervención del Estado, reduciéndola a medidas mínimas, no traumáticas. Casi nadie hasta ahora había defendido que el Gobierno en virtud del 155 pudiera cesar al president y a los miembros del Conseil, disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones, porque eso, sencillamente, supondría modificar el Estatut. Salvo el profesor Cruz Villalón, que ya en 1981 advertía que conforme estaba redactado el 155 al Gobierno se le podían otorgar plenos poderes y que ello perfectamente podría abrir la puerta a la ‘dictadura constitucional’.

Sin embargo, muchos a los que esta interpretación les parecía una barbaridad, sin encaje constitucional, hoy, visto lo sucedido en Cataluña, están dispuestos a aceptar que el fin, restablecimiento del orden constitucional, justifica un medio tan poco constitucional. Si a través del 155 al Gobierno se le pueden dar plenos poderes, como los que se le han dado en este caso, habría que concluir que ese precepto vulnera en sí mismo la letra y el espíritu de la Constitución. ¿Creen ustedes que a estas alturas el TC tiene libertad suficiente como para concluir que la disolución del Parlament por Rajoy fue inconstitucional?

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